Panorama y retos del sector petrolero en Colombia
Agenda Minero-Energética 2026-2030 (I)
Abogado Of-Counsel de Holland & Knight
No es fácil tratar de estructurar en una columna un paquete completo de líneas de acción que permitan a Colombia, bajo una nueva futura política energética, sortear la crisis que, se ha vuelto ya sistémica, en el sector minero-energético nacional.
Hay graves dificultades en el sector de gas, en el sector eléctrico, en el sector minero, en el desarrollo de proyectos renovables y, por supuesto, en el sector petrolero.
En consecuencia, esta será la primera de tres entregas, donde trataremos de señalar las principales acciones que un nuevo gobierno debería implementar a efectos de avanzar en nuestra transición energética de una manera ordenada, justa y responsable.
Crisis en el sector petrolero: caída en inversión y producción
En primer término abordaremos el sector petrolero.
Una industria cuyos principales indicadores solo reflejan caídas en los últimos años, no solo en término de inversión, sino también en sus indicadores de exploración e, incluso, momentos de preocupantes caídas en el valor de la acción de Ecopetrol, especialmente a finales del año anterior.
En efecto, según Campetrol , en 2024 hubo un promedio de 107 taladros activos, 20 menos que en 2023, lo que implicó una disminución del 15.7% frente al promedio del año anterior.
Aunado a esto, al finalizar diciembre de 2024, el número de taladros en funcionamiento en Colombia fue 102, de los cuales 78 estaban haciendo mantenimiento de pozos ya existentes y solo 24 estaban perforando nuevos pozos.
Lo anterior, además, representa una pérdida de 20.150 empleos aproximadamente, entre directos e indirectos.
Del mismo modo, la inversión extranjera en el sector petrolero para los primeros nueve meses del año 2024 fue de $1.822 millones de dólares, lo que representa una caída de $779 millones en comparación con el mismo periodo de 2023, un 30% menos.
Asimismo, en 2024 (enero-noviembre) las exportaciones de petróleo y sus derivados sumaron USD $13.787 millones, un 4.1% menos respecto al mismo periodo en el 2023.
Por su parte, en el ámbito de la producción petrolera, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), durante todo el 2024 se produjeron 772.621 barriles por día, lo que representa una caída del 0,6% frente a los 777.016 barriles por día que se reportaron en 2023.
En suma, la caída del PIB petrolero y de gas en Colombia alcanzó un 1.4% en el tercer trimestre del 2024, situación que no tiene visos de mejorar en el presente 2025.
Este preocupante panorama se ve agravado por la decisión política de no suscribir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, un error histórico que nos pasará una costosa factura en el corto plazo y que el gobierno aún insiste mantener.
¿Qué hubiese sido de Colombia si se hubiese mantenido una activa exploración de hidrocarburos en los últimos dos años?
El que no busca, no encuentra y, por lo tanto, nuestro panorama asociado a descubrimientos a partir de nuevos proyectos de exploración es totalmente nulo.
Como si esto no fuera poco, la semana anterior, se presentó en el Congreso de la República, de nuevo, el proyecto de ley para la prohibición del fracturamiento hidráulico en Colombia (PL 150/2024 Senado), mal llamado fracking, pero esta vez con mensaje de urgencia del Presidente de la República para que pueda evacuarse su trámite en esta legislatura.
Pareciera así entonces que poco a poco, con el veto legislativo al fracturamiento hidráulico (de materializarse) y la inexistencia de nueva exploración, agoniza sin remedio, de manera inducida, la principal industria del país.
Medidas urgentes para reactivar la industria petrolera
Pues bien, quienes tomen las riendas de esta cartera en el 2026, ojalá bajo premisas más técnicas y menos ideológicas, deberían considerar cuatro acciones puntuales.
En primer término, reanudar de inmediato la firma de nuevos contratos de exploración y producción de hidrocarburos, mediante la organización de rondas (procesos de selección objetiva), otrora lideradas permanentemente por la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Estos procesos de contratación deben organizarse no solo sobre áreas costa adentro (on-shore) sino también sobre áreas costa afuera (off-shore), de forma tal que podamos captar la atención del interés inversionista que ha abandonado Colombia en los últimos dos años y medio.
En segundo lugar, y bajo el entendido de que la ley anti-fracking no sea aprobada en esta legislatura, urge reactivar los proyectos piloto que se adelantaban en yacimientos no convencionales, que se consolide su seguridad jurídica y que, así, se abra la posibilidad de que Colombia aproveche comercialmente el importante potencial existente en estos yacimientos que, se estima, podrían cuadruplicar nuestras reservas petroleras y multiplicar por ocho, nueve o diez las de gas.
Al respecto, Colombia tiene ocho cuencas geológicas con potencial de hidrocarburos no convencionales, líquidos entre 7.200 y 11.800 millones de barriles y entre 17.300 y 115.400 giga pies cúbicos de gas.
Aprovechar responsablemente estos recursos cambiaría de manera trascendental el escenario energético, económico y regional de Colombia.
En tercer término, urge que se diseñe una verdadera política coordinada de Estado en cuanto a los proyectos costa afuera, en particular en materia de optimización de trámites ambientales, de infraestructura y comunitarios.
El potencial hidrocarburífero en el caribe colombiano es real y es necesario priorizar el ecosistema de proyectos off-shore que no solo pasa por los procesos de contratación que lidera la ANH, sino también por optimizar los procesos de socialización con comunidades, consultas previas, infraestructura de transporte, infraestructura portuaria, etc.
Competitividad y seguridad jurídica: claves para recuperar la inversión
Por último, es necesario restablecer la confianza inversionista y nuestra competitividad-país mediante un nuevo modelo que reduzca la excesiva tributación del sector petrolero, compitiendo por la llegada de la inversión con países como Argentina y Brasil.
Colombia se ha convertido en uno de los países con el mayor Take Government de la región, lo que naturalmente nos pone en desventaja frente a países como los mencionados, con mejores condiciones fiscales.
Para terminar, esta confianza inversionista también implica restablecer la seguridad jurídica en el sector y los desafortunados mensajes de política pública que en años recientes han ahuyentado el interés inversionista en el sector petrolero colombiano.