Ley garantiza respeto a los derechos humanos por parte de las FF.MM.
La Comisión Segunda de la Cámara dará en los próximos días tercer debate al proyecto de ley que fija políticas públicas en el marco de la garantía y el respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario por parte de las Fuerzas Militares y Policía Nacional.
Trámite legislativo
El Proyecto de Ley objeto de la presente ponencia fue radicado en el Senado de la República el día 26 de Julio de 2011, aprobado en la Comisión Segunda del Senado el día 16 de Noviembre de 2011, aprobado en la Sesión Plenaria de Senado el día 6 de Diciembre de 2011 y radicado en Cámara el 13 de Diciembre de 2011.
El presente proyecto de ley establece los objetivos estratégicos que en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario servirán como políticas públicas para su respeto y garantía al interior de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, como también en desarrollo de la misión Constitucional que les compete. Asimismo, se crean las directrices del Derecho Operacional que genere reglas de enfrentamiento para el uso de la Fuerza, adecuado a los niveles estratégicos y tácticos.
Derecho operacional
El derecho operacional corresponde al conjunto de normas jurídicas, nacionales e internacionales debidamente incorporadas al ordenamiento interno, y directrices gubernamentales que regulan el empleo de la fuerza por parte de los miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, en cumplimiento de sus misiones Constitucionales y conforme las particularidades de cada contexto operacional.
¿Por qué es necesaria una ley de derecho operacional?
Honrar el compromiso del Estado con la vigencia de los derechos, libertades y garantías ciudadanas.
Cumplir la obligación internacional de los Estados de dar cumplimiento a las disposiciones jurídicas que regulan el uso de la fuerza por parte de sus agentes.
Disponer de instrumentos jurídicos adecuados para atender las amenazas internas y externas en contra de la integridad territorial, la soberanía nacional y el orden constitucional vigente.
Inexistencia de un marco legal que desarrolle adecuadamente las misiones Constitucionales asignadas a la Fuerza Pública.
Evitar confusión de roles y funciones policiales y militares, así como la generalización de responsabilidades.
Se requiere de un marco legal que establezca conceptos básicos sobre el uso de la fuerza en diferentes escenarios, que sirva de fundamento a la generación interna de instrumentos jurídicos -manuales y reglamentos-.
La reciente producción normativa y los proyectos de ley que cursan actualmente en el Congreso de la República, en el marco de la justicia transicional y que atienden al noble propósito de brindar seguridad jurídica a los soldados colombianos, requiere del fortalecimiento del Derecho Operacional y de una ley con directrices para lograrlo.
El aspecto medular de la seguridad jurídica adeudada a nuestros 273.000 policías y soldados está representado en el desarrollo legal de los ámbitos de competencia establecidos en la Constitución Política, que parta por establecer diferencialmente los contextos fácticos en que se cumplen las actividades militares y policiales que inciden en el uso legítimo de la fuerza.