Debate jurídico, en manos de las altas cortes
Registrador advirtió que no hay condiciones para realizar la consulta el 7 de agosto y pidió pronunciamiento urgente del Consejo de Estado.
El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que la convocatoria a la consulta popular sobre la reforma laboral decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro debe esperar un pronunciamiento claro de las altas cortes.
Penagos indicó que la Registraduría no tiene superiores funcionales, pero que su deber es respetar el orden jurídico e institucional del país.
“La Registraduría no se pronunciará de fondo sobre este tema hasta tanto no exista certeza jurídica, pues lo que está en juego no es solo una convocatoria a las urnas, sino el orden institucional mismo”, señaló el funcionario.
Penagos indicó que se solicitará concepto a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, se enviará copia del expediente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría General de la Nación, y que se pedirá a las altas cortes que se pronuncien con urgencia.
Tres meses de preparación y $750 mil millones
El registrador advirtió que el proceso requiere un mínimo de tres meses para su organización y una inversión cercana a los 750 mil millones de pesos.
En ese sentido, consideró que no es viable convocar la consulta el 7 de agosto, como se había planteado inicialmente.
“La Registraduría considera que la convocatoria a las urnas no puede tener lugar el 7 de agosto, como se ha planteado, en razón a que para ese momento no se contará con el tiempo mínimo necesario para garantizar el éxito del proceso”, concluyó.
Además, el registrador nacional recalcó que cualquier decisión precipitada puede implicar un grave riesgo jurídico, fiscal e incluso político para el país.
Como se recordará, el presidente Gustavo Petro decretó una consulta popular sobre la reforma laboral después de que el Senado votara en contra de su realización.
Sin embargo, el gobierno desconoció esa votación y convocó la consulta por decreto, lo que desató un debate jurídico sobre la legalidad de la decisión.