Siguen pronunciamientos
Crece escándalo por vínculos con disidencias y Gobierno Petro
El escándalo por los presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno Petro, organismos de inteligencia y oficiales del Ejército con las disidencias de las Farc continúa escalando y desde diferentes sectores continuaron los pronunciamientos.
Uno de ellos lo hizo el Departamento de Estado en Washington, quien confirmó que “tiene conocimiento de informes que alegan vínculos entre altos funcionarios de la administración Petro y disidentes”.
Estados Unidos instó a las autoridades colombianas a actuar con rapidez e investigar a fondo estas acusaciones y tomar todas las medidas pertinentes.
La advertencia llega un día después de que el presidente Gustavo Petro reconociera que la CIA le informó sobre la presunta relación del brigadier general Juan Miguel Huertas con un grupo armado ilegal.
Por otra parte, la fiscal general Luz Adriana Camargo, señalada de demoras injustificadas en esta investigación rompió el silencio y aseguró que el análisis de los dispositivos incautados “puede durar seis meses” y que la veracidad de los chats atribuidos a alias Calarcá aún no está confirmada.
Sobre la liberación del cabecilla, insistió que “no cometieron un crimen de lesa humanidad que permitiera reactivar la captura”.
Tras nuevas revelaciones, también admitió: “Se cometió una falla, pero no por negligencia”.
Desde la oposición, el representante Hernán Cadavid denunció a Camargo por prevaricato y cuestionó su actuación al indicar que “ocupó todo este tiempo para no hacer nada en materia de investigación”.
Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez rechazó categóricamente los señalamientos sobre un supuesto apoyo de disidencias a su campaña y afirmó que “no existe ninguna prueba fehaciente que pueda demostrar mi vínculo con estos grupos ilegales”.
Añadió que se trata de “un mensaje de WhatsApp dicho por un delincuente usando mi nombre”.
Ante esta polémica el ministro de Defensa, el director del DNI y la fiscal Camargo fueron citados a un debate de control político en la Cámara de Representantes para dar explicaciones sobre el presunto “pacto de no agresión” y la infiltración de estructuras ilegales en organismos del Estado.