Ingreso, empleo y productividad en discusión
El aumento del salario mínimo abrió un fuerte debate entre gobierno, empresarios y sindicatos
El incremento del 23,7 % al salario mínimo para 2026, anunciado por el presidente Gustavo Petro, generó reacciones encontradas.
Mientras los sindicatos lo defienden como una medida histórica, gremios y empresarios advierten riesgos para el empleo, la inflación y la sostenibilidad de las empresas.
El anuncio del aumento del salario mínimo para 2026 no solo marcó un nuevo hito en la política salarial del país, sino que abrió uno de los debates económicos y sociales más intensos de los últimos años.
La decisión del Gobierno de fijar el salario mínimo en dos millones de pesos mensuales encendió alertas en distintos sectores productivos.
El presidente Gustavo Petro informó que el incremento fue del 23,7 %, con un salario base de 1.750.905 pesos y un subsidio de transporte de 249.095 pesos.
Según explicó, el ajuste se calculó en términos reales, descontando el costo de la canasta familiar, con el propósito de que el aumento impacte efectivamente las condiciones de vida de los hogares y no se diluya por la inflación.
Petro definió este nuevo ingreso como un salario mínimo vital y familiar, y aseguró que el crecimiento real del 18,7 % convierte este ajuste en uno de los más significativos desde la década de los años sesenta.
De acuerdo con el mandatario, el salario mínimo acumuló cerca de un 36 % de crecimiento real durante su gobierno, un hecho que, según afirmó, no registra antecedentes recientes en la historia económica del país.
El presidente también sostuvo que la decisión respondió a la necesidad de proteger el ingreso real de las personas trabajadoras y fortalecer el bienestar de los hogares, en un contexto que describió como de mejora en los indicadores económicos y sociales.
Reacciones empresariales
El anuncio, sin embargo, provocó una inmediata reacción de gremios y empresarios, que cuestionaron la magnitud del incremento y advirtieron sobre posibles efectos negativos en la sostenibilidad del empleo formal.
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo expresó su preocupación por el impacto que el aumento puede tener sobre sectores estratégicos como el turismo receptivo.
Para Anato, aunque la protección del poder adquisitivo de los trabajadores es un objetivo legítimo, un incremento cercano al 23 % supera ampliamente los escenarios técnicos que el sector había proyectado, los cuales oscilaban entre el 8 % y el 12 %.
Según el gremio, esta diferencia rompe los marcos de planeación financiera de muchas empresas.
La presidenta de Anato, Paula Cortés Calle, advirtió que el turismo receptivo enfrenta un escenario especialmente complejo debido a la ruptura de la planeación contractual.
Explicó que el sector opera con ciclos largos y que las tarifas y contratos internacionales para 2026 ya habían sido cerrados bajo proyecciones macroeconómicas distintas, lo que ahora desestructura costos previamente comprometidos.
Además, el gremio señaló un doble choque económico: al aumento de los costos laborales se suma un tipo de cambio cercano a los 3.700 pesos por dólar, lo que reduce el valor real de los ingresos en moneda extranjera.
En este escenario, las empresas exportadoras de turismo pierden competitividad frente a otros destinos de la región y ven en riesgo el posicionamiento internacional del país.
Alertan sobre informalidad
La Federación Colombiana de Gestión Humana también se pronunció en contra del incremento, al considerar que el 23,7 % sobrepasa la capacidad financiera y productiva de las empresas.
Según un estudio de proyecciones salariales realizado por el gremio, las compañías esperaban aumentar los salarios en promedio un 6,2 % para 2026.
Acrip señaló que el incremento está muy por encima de la inflación proyectada y representa un reto significativo para las empresas, especialmente en un año marcado por la implementación de la reforma laboral.
El gremio pidió al Gobierno acompañar al sector empresarial para enfrentar los efectos del ajuste y evitar que otros gastos de las familias se indexen al salario mínimo, lo que podría generar un colapso financiero.
El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó la decisión como desproporcionada y sin sustento técnico.
En entrevistas radiales, aseguró que el incremento supera en varias veces la inflación y advirtió que el aumento de los costos laborales, sumado al bajo precio del dólar, puede afectar gravemente la competitividad de los productos nacionales frente a los importados.
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, su presidente Bruce Mac Máster expresó preocupación por los trabajadores que ganan menos del salario mínimo, cerca de 11 millones de personas, quienes no verán reflejado el aumento en sus ingresos mientras sí enfrentarán mayores costos.
También advirtió que esta decisión representa uno de los golpes más fuertes para las pequeñas y medianas empresas.
En sectores específicos como la vigilancia y la seguridad privada, la presidenta de Fedeseguridad, Raquel Garavito, alertó que el aumento, sumado a los cambios derivados de la reforma laboral, podría generar una fuerte distorsión del mercado laboral y elevar de manera drástica los costos operativos en pocos meses.
Respaldo sindical
En contraste con las críticas empresariales, los sindicatos respaldaron de manera decidida el aumento. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, su presidente Fabio Arias calificó la decisión como histórica y aseguró que corrige una injusticia social acumulada durante décadas.
Arias sostuvo que los incrementos del salario mínimo en los últimos años no produjeron los efectos negativos que tradicionalmente advertían los empresarios.
Señaló que el desempleo disminuyó, la economía creció y Colombia mostró un desempeño destacado dentro de la Ocde.
También recordó que arriendos y otros costos regulados solo pueden ajustarse con base en la inflación, no en el salario mínimo.
El dirigente sindical defendió la desindexación del salario mínimo de múltiples tarifas y servicios del Estado, lo que, según explicó, evita que el aumento se traslade automáticamente a otros costos.
Además, afirmó que un mayor ingreso fortalece el consumo interno, impulsa el comercio y mejora la productividad laboral, siempre que exista control estatal para evitar prácticas especulativas.