Congreso activa control político
Citan a ministros a debate sobre emergencia económica
En medio del receso legislativo de fin de año, el Senado de la República aprobó la citación a un debate de control político a todos los ministros para el próximo 29 de diciembre con el fin de examinar la declaratoria de emergencia económica expedida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
La decisión, adoptada en sesión extraordinaria y virtual este viernes se llevará a cabo desde las 10:00 de la mañana, en modalidad mixta.
La sesión será determinante para el futuro del decreto y para la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Respaldo
La proposición fue presentada por el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, y contó con el respaldo de partidos como el Conservador y el Centro Democrático.
La iniciativa también recibió el apoyo de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, quien aseguró que el debate permitirá al país conocer con claridad la situación fiscal del Estado y las implicaciones de no haber aprobado nuevas fuentes de recaudo.
El senador Motoa insistió que “el control político no tiene receso. Es una función constitucional permanente” y advirtió que no se puede normalizar el uso de estados de excepción cuando el Ejecutivo no logra consensos en el Congreso.
Otros congresistas, como el senador Efraín Cepeda, afirmaron que no existen hechos sobrevinientes que justifiquen la emergencia y señalaron que el hundimiento de reformas tributarias era un escenario previsible.
El presidente del Senado, Lidio García Turbay, defendió la autonomía del Legislativo frente a las críticas del Gobierno.
García respondió directamente a las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien sostuvo que el Congreso no podría adelantar el debate hasta que el Ejecutivo envíe el informe motivado de la declaratoria.
Para García, el artículo 215 de la Constitución no impide convocar sesiones extraordinarias de control político mientras se espera dicho documento.
Desde el Gobierno, además de Benedetti, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, cuestionó la rapidez de la citación y calificó al presidente del Congreso como un obstáculo para las reformas.
Estas afirmaciones elevaron el tono del enfrentamiento entre ambas ramas del poder público.