Cambios en el sistema pensional
¿Menos pensionados y más aportes? Esto advierten algunos gremios
El sistema pensional colombiano podría enfrentar una transformación significativa si se aprueba un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda.
Según un comunicado de los gremios Asofondos y Fasecolda, esta iniciativa afectaría directamente a cerca de 20 millones de trabajadores que actualmente hacen parte del Régimen de Ahorro Individual, Rais.
La advertencia se centra en tres puntos clave: menos personas lograrían pensionarse, quienes lo hagan recibirían montos más bajos y las pensiones por invalidez y sobrevivencia perderían su respaldo financiero.
El decreto propone un cambio en la forma en que se calcula el deslizamiento del salario mínimo. Este mecanismo permite que las pensiones más bajas aumenten cada año en proporción al incremento del salario mínimo legal.
Hoy, el Estado asume el componente político de ese ajuste, el cual no puede preverse ni asegurarse. Sin embargo, el nuevo decreto busca trasladar ese componente al ahorro individual de los trabajadores, aumentando la exigencia para acceder a una pensión, afirmaron ambos gremios.
Aporte más alto, menos cobertura
Según las estimaciones presentadas por los gremios, de aprobarse el decreto, las personas tendrían que aportar aproximadamente un 30% más para lograr acceder a una pensión vitalicia.
Esto representaría una barrera para quienes actualmente cumplen con el capital, pero no con las semanas exigidas.
A su vez, muchos trabajadores no lograrían cumplir con este nuevo requisito económico, lo que reduciría el número de pensionados.
Además, el cambio también pone en riesgo el seguro previsional, que cubre las pensiones de invalidez y sobrevivencia.
El encarecimiento del seguro, provocado por este nuevo modelo, podría llevar a que las aseguradoras dejen de ofrecerlo.
Esto dejaría desprotegidas a millones de personas que, ante una situación inesperada como una enfermedad grave o fallecimiento, no contarían con el respaldo del sistema.
La medida también tendría consecuencias fiscales. De no existir aseguramiento, el Estado deberá asumir las pensiones por invalidez y sobrevivencia, lo que implicaría un gasto adicional estimado en dos billones de pesos en los primeros diez años.
Esto significaría que, aunque la medida busca reducir costos inmediatos para el Gobierno, en el mediano y largo plazo representaría una carga financiera mayor.
Gremios piden revisión técnica
Frente a este panorama, Asofondos y Fasecolda solicitaron al Gobierno la apertura de mesas técnicas para discutir el contenido del decreto.
Los gremios insistieron en la necesidad de revisar de forma integral y articulada las normas del sistema pensional.
Aseguran que este tipo de reformas no deben hacerse de forma aislada ni apresurada, dado que afectan derechos fundamentales como el acceso a una pensión digna.
Ambas entidades coincidieron en que el país necesita avanzar en una reforma pensional, pero advirtieron que esta debe hacerse considerando la sostenibilidad del sistema y protegiendo a las poblaciones más vulnerables.