¿Quién falló?
Director del Inpec bajo la lupa: Investigación por presunta omisión de seguridad
La Procuraduría General de la Nación inició una investigación contra el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, y el director de Custodia y Vigilancia de la misma entidad, Rolando Antonio Ramírez Sanabria.
La indagación se centra en la presunta omisión de sus funciones para garantizar la seguridad del director de la cárcel La Modelo, Élmer Fernández Velasco, quien fue asesinado el pasado 16 de mayo en Bogotá.
Las autoridades investigan si los altos funcionarios del Inpec no tomaron las medidas necesarias para protegerlo, a pesar de conocer las amenazas en su contra.
El asesinato de Élmer Fernández Velasco ocurrió cuando se desplazaba en su vehículo por la carrera 30 con calle 80 en Bogotá.
La noticia fue confirmada por el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien anunció un plan para capturar a los responsables del crimen.
El coronel en retiro había asumido el cargo de director de la Cárcel Modelo el pasado 4 de abril.
Medidas de protección adecuada
La indagación incluye la evaluación de si los funcionarios tramitaron ante la Unidad Nacional de Protección, UNP, la evaluación del nivel de riesgo que enfrentaba el director de La Modelo.
Además, se investiga si se tomaron acciones preventivas para mitigar los riesgos identificados.
Dentro del marco de la investigación, la Procuraduría solicitó al Inpec un informe detallado sobre las medidas administrativas y preventivas diseñadas para enfrentar amenazas contra la vida e integridad personal de sus servidores.
Este informe debe incluir el procedimiento interno para la implementación de dichas medidas y la identificación de los responsables de ordenar y supervisar su ejecución.
El objetivo principal de la investigación es verificar la ocurrencia de la conducta denunciada y determinar si constituye una falta disciplinaria.
La Procuraduría también busca esclarecer los motivos detrás de las posibles omisiones y verificar si los funcionarios actuaron bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.