20 años de inhabilidad
Dragoneante del Inpec tuvo relaciones íntimas con una reclusa y lo destituyeron
En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó a un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario de Colombia, INPEC, con destitución e inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos.
Esta decisión se tomó tras comprobar que el funcionario sostuvo relaciones sexuales con una mujer privada de la libertad en la Reclusión de Mujeres la Badea, situada en Dosquebradas, Risaralda.
La Regional de Juzgamiento de Risaralda determinó que este hombre utilizó su posición de poder para obtener favores sexuales, lo cual va en contra de las responsabilidades inherentes a su cargo.
El dragoneante conocía el estado de vulnerabilidad de la mujer, quien tenía un historial clínico y mental que la colocaba en una situación de indefensión.
Según el ente de control, el funcionario aprovechó la frustración y la aparente depresión de la mujer para manipularla, asegurándole que la trasladaría a otro centro de reclusión si accedía a sus demandas sexuales.
Este comportamiento ocurrió durante el horario laboral, desobedeciendo las directrices establecidas para el personal de custodia y vigilancia.
Principios de moralidad e igualdad
El Ministerio Público sostuvo que la conducta de este oficial, cometida en 2019, violó los principios de igualdad y moralidad que rigen la función pública.
Al actuar de esta manera, el dragoneante desconoció las normativas legales que debía cumplir en su rol, por lo que la falta disciplinaria fue clasificada como gravísima y cometida a título de dolo.
La Procuraduría enfatizó que este tipo de conductas son inadmisibles dentro del servicio público, ya que desvirtúan la misión de protección y respeto que deben mantener los funcionarios, especialmente aquellos que trabajan en contextos tan sensibles como los centros de reclusión.
Además, resaltó que la sanción busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a cualquier forma de abuso de poder dentro de la administración pública.
El caso se suma a otros procesos disciplinarios que la Procuraduría lleva a cabo para garantizar que los servidores públicos actúen conforme a los principios de legalidad, moralidad y transparencia.
La entidad aseguró que continúa trabajando en la vigilancia y control de la función pública para asegurar que se cumplan los estándares éticos y legales en todas las instituciones del país.
Finalmente, la Procuraduría reitera su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la implementación de sanciones adecuadas para quienes, desde posiciones de poder, cometan abusos o violaciones a las normativas legales.