Al parecer, trasporte era de la Unidad Nacional de Protección
Ejército investiga vehículo que llevaba una persona secuestrada
Continúa en el ojo del huracán la Unidad Nacional de Protección, luego que el Ejército al parecer hallara una presunta camioneta de dicha entidad que transportaba presuntos guerrilleros del ELN y un secuestrado.
Según información entregada por las autoridades, el caso se presentó en la vía que de Tame conduce a Puerto Rondón en Arauca, donde el Ejército adelantaba labores de control en dicha carretera.
Las autoridades indicaron que “un vehículo particular, detiene su marcha unos metros antes de llegar a ese punto, y descienden de él varios individuos quienes de inmediato salen corriendo y huyen en diferentes direcciones y con rumbo desconocido”.
Al interior de la camioneta los uniformados encontraron una persona que se identificó como un secuestrado.
La Fuerza Pública informo que el rescatado fue evacuado de la zona bajo custodia de las tropas y llegado a un centro asistencial para que recibiera atención médica y realizar las respectivas diligencias con las autoridades competentes.
El Ejército indicó que investiga cuántas personas se movilizaban dentro del vehículo y si es de la Unidad Nacional de Protección, quien de inmediato afirmó que este vehículo no está registrado en su base de datos por lo que adelantan verificaciones técnicas para corroborar que esta no haya sido alterada y no se esté presentando un caso de robo de uno de sus vehículos.
Por otra parte, y luego de este hecho, las autoridades detuvieron otro vehículo blindado en Arauquita, donde viajaban cuatro personas, una de ellas herida, al parecer por impacto de arma de fuego informaron las autoridades.
Las Fuerzas Militares informaron que el herido fue trasladado a un centro asistencial y las otras tres personas junto con el carro “fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para establecer la procedencia y las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se presentó el hecho donde el herido fue afectado”.
Los escándalos
El caso de Tame, en el que se ve envuelto una vez más la Unidad Nacional de Protección sería el último escándalo que registra esta entidad en el cual las camionetas estarían siendo utilizadas para fines delictivos.
Los hechos más recientes se registraron en el departamento de Nariño, en donde una camioneta de la Unidad transportaba más de mil municiones con un funcionario de la alcaldía de Tumaco y otro en donde fue hallado 200 millones de pesos en efectivo.
Así mismo, en diciembre de 2022, se encontró una camioneta de Unidad con 150 kilos de cocaína, vehículo que estaba asignado al esquema de protección del entonces subdirector Ronald Rodríguez Rozo, lo que reveló serias irregularidades dentro de la institución y conexiones con el narcotráfico.
También se han reportado casos de vehículos de protección que no cumplían con los estándares de seguridad. Una investigación reveló que cinco vehículos arrendados a una empresa de seguridad tenían blindajes falsos, escándalo que involucró a varios funcionarios, incluyendo a Rodríguez y otros altos cargos de la Unidad.
De otra parte, la Unidad Nacional de Protección ha sido criticada por favoritismos en la asignación de esquemas de seguridad, así como por la falta de respuesta oportuna a solicitudes de protección.
Esto se evidenció tras el asesinato del coronel retirad Élmer Fernández, quien no contaba con un esquema de seguridad adecuado.
La Procuraduría General de la Nación ha abierto investigaciones formales contra varios funcionarios de la Unidad Nacional de Protección por irregularidades y corrupción.
Estas incluyen la utilización indebida de recursos y la asignación de protección a personas no elegibles.
Recientemente, el Ministro del Interior ha solicitado una investigación sobre la corrupción estructural en la Unidad Nacional de Protección, subrayando la necesidad de una reforma profunda en la institución para evitar que se convierta en un instrumento al servicio del crimen organizado.
Estos escándalos reflejan una crisis de confianza en dicha entidad y plantean serios cuestionamientos sobre su capacidad para proteger a los ciudadanos que requieren asistencia estatal.