La fuerza del Estado frente a la tragedia
El Ejército en el Palacio de Justicia: la retoma que dejó una herida abierta
En los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, el papel del Ejército Nacional fue determinante. La Comisión de la Verdad (2022) señala que, tras la toma del Palacio por parte del M-19, las Fuerzas Militares asumieron el control total de la operación, con una respuesta caracterizada por el uso excesivo de la fuerza, la falta de coordinación civil y la ausencia de protocolos de protección a la población civil y judicial.
“La demencial toma del templo de la Justicia por la organización guerrillera M-19 y la reacción desproporcionada de las fuerzas armadas del Estado constituyen uno de los sucesos más graves y perturbadores de la institucionalidad.” (Informe Final, p. 147)
El documento concluye que la intervención militar transformó la liberación del Palacio en una retoma bélica, donde el objetivo militar se impuso sobre la preservación de vidas.
La cadena de mando fue encabezada por el Comandante del Ejército, general Jesús Armando Arias Cabrales, con la participación del coronel Luis Alfonso Plazas Vega desde la Escuela de Caballería.
Violaciones de derechos humanos
Según la Comisión, durante la retoma se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Los testimonios y pruebas forenses recopiladas confirman que varias personas salieron vivas del Palacio y fueron trasladadas a dependencias militares, donde posteriormente desaparecieron.
“Las pruebas recabadas por la justicia y la Comisión permiten concluir que varias personas salieron vivas del Palacio y fueron vistas en la Casa del Florero y en instalaciones militares, sin que se conozca su paradero posterior.” (Informe Final, p. 153)
Entre las víctimas de desaparición se encuentran empleados de la cafetería, visitantes y civiles que no participaron en la toma.
La Comisión considera estos hechos crímenes de Estado, al haberse producido bajo custodia oficial y sin investigación inmediata.
La cadena de mando y el control presidencial
El informe destaca la ausencia de control político del gobierno sobre las decisiones militares. Aunque el presidente Belisario Betancur era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, los testimonios y documentos indican que no impartió órdenes operativas directas, y que las decisiones tácticas fueron adoptadas por el Alto Mando Militar.
“La falta de una autoridad civil efectiva permitió que el mando militar definiera las estrategias de la retoma, priorizando la eliminación del enemigo sobre la preservación de vidas humanas.” (Informe Final, Conclusiones)
Esta autonomía operacional marcó uno de los puntos más controversiales del caso: la responsabilidad del Estado por acción y omisión, al no garantizar el respeto del Derecho Internacional Humanitario durante la operación.
Condenas y procesos judiciales
El informe recoge los procesos judiciales que, tras décadas de litigio, han llevado a condenas de miembros del Ejército por desapariciones y ejecuciones.
En 2010, el coronel Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión —sentencia luego anulada por la Corte Suprema—, mientras que el general Arias Cabrales fue condenado por desaparición forzada en 2021.
“El Estado colombiano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de once personas, en hechos atribuibles a agentes estatales.” (Informe Final, p. 161)
La Comisión resalta que, aunque hubo avances judiciales, la justicia tardía no reparó el daño ni devolvió la confianza institucional.
Memoria y responsabilidades
La Comisión de la Verdad plantea que el rol del Ejército debe ser examinado dentro de una visión de Estado, no solo desde las acciones individuales.
Su responsabilidad radica tanto en los excesos operativos como en el encubrimiento posterior que prolongó la impunidad durante más de tres décadas.
“El silencio institucional y la defensa corporativa del honor militar prolongaron el dolor de las familias y obstaculizaron el esclarecimiento de la verdad.” (Informe Final, Epílogo)
El documento también recomienda fortalecer la formación ética en las Fuerzas Militares e incluir el caso del Palacio de Justicia en los programas de derechos humanos de las escuelas de formación.
Conclusión
La Comisión no busca juzgar a las Fuerzas Armadas, sino entender su papel histórico y la forma en que las decisiones de mando contribuyeron a una de las mayores tragedias del país.
El Palacio de Justicia es hoy un recordatorio de que la defensa del Estado no puede fundarse en la negación de los derechos humanos.
“El informe constituye un llamado de atención sobre las tareas que enfrenta la Nación en la búsqueda de una paz justa y duradera.” (Informe Final, Epílogo, p. 169)
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Fuente: Informe Final de la Comisión de la Verdad – Caso Palacio de Justicia (2022) [PDF]
Esta nota hace parte de la serie especial “40 años del Palacio de Justicia – La verdad que no se apaga”, publicada por Diario Occidente con base en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022). Descárgalo aquí