A funcionarios y policías secuestrado
Rechazo a “juicio revolucionario” anunciado por ELN
El anuncio del ELN de someter a un “juicio revolucionario” a cuatro funcionarios del Estado colombiano que mantiene secuestrados en Arauca ha generado una ola de rechazo por parte de las autoridades, organismos de Derechos Humanos y las familias de las víctimas.
A través de un video divulgado por el Frente de Guerra Oriental, el grupo armado comunicó que los agentes Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, del CTI de la Fiscalía, así como el patrullero Jordín Fabián Pérez Mendoza y el subintendente Franklin Esley Hoyos Murcia, de la Policía Nacional, serán sometidos a un supuesto proceso interno que podría imponerles “penas de prisión de tres a siete años”.
Según el ELN, el juicio busca aplicar una “justicia diferenciada”, aunque promete preservar la vida de los cautivos.
“Canje humanitario”
El grupo condicionó su liberación a la realización de un “canje humanitario” con sus miembros presos, solicitud que el Gobierno no ha aceptado.
Los funcionarios permanecen secuestrados desde mayo y julio de este año, respectivamente, y se encuentran en poder del ELN en zonas rurales de Arauca, uno de los departamentos más afectados por la violencia de grupos armados.
La Defensoría del Pueblo calificó el anuncio como “una de las violaciones más graves al Derecho Internacional Humanitario” y exigió su liberación inmediata e incondicional.
En un comunicado, el organismo recordó que los funcionarios “no son combatientes” y que cualquier intento de juicio por parte de un grupo armado carece de validez legal.
Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tildó de “inadmisible” el anuncio y responsabilizó al ELN por la integridad física y psicológica de los secuestrados.
La Policía Nacional también rechazó la medida, advirtiendo que contradice los principios de la Constitución y el DIH.
Las familias de los cautivos, entre tanto, han reiterado su angustia y claman por gestos humanitarios que permitan el regreso seguro de los funcionarios.
“No tenemos paz”, expresó uno de sus familiares en medio del creciente temor por la suerte de los secuestrados.