Sentencia histórica, respuestas opuestas
“No hay verdad ni reparación”: las duras críticas al fallo de la JEP por secuestros de las Farc
El fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que impuso una sanción restaurativa a siete exintegrantes del Secretariado de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y lesa humanidad, desató una ola de reacciones en distintos sectores políticos y sociales del país.
Mientras algunos consideran que la decisión marca un avance hacia la reconciliación, otros cuestionan la falta de cárcel y el alcance de la reparación a las víctimas.
Los exjefes guerrilleros sancionados aceptaron su responsabilidad en los secuestros sistemáticos cometidos entre 1993 y 2012.
Como parte de la sentencia, deberán realizar durante ocho años trabajos restaurativos en proyectos relacionados con búsqueda de desaparecidos, desminado, protección ambiental y memoria histórica. Sin embargo, esta medida, en lugar de cerrar heridas, abrió un nuevo capítulo de controversia.
Entre el reconocimiento y la inconformidad
Rodrigo Londoño, hoy líder del partido Comunes, reiteró que los sancionados asumen su responsabilidad y seguirán trabajando por la paz.
En un mensaje difundido tras conocerse la sentencia, subrayó el compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición. Desde su perspectiva, la sanción representa un paso en el camino acordado en La Habana.
En contraste, el precandidato presidencial Mauricio Lizcano criticó duramente la decisión. En sus palabras, “una condena simbólica no basta para reparar el daño”, y cuestionó que el fallo tardará más de siete años en llegar.
También lamentó que la verdad sobre muchos secuestros, incluido el de su padre, aún permanezca incompleta. Para Lizcano, la sanción carece de un componente económico que ayude a las víctimas más vulnerables a reconstruir sus vidas.
A su vez, el exsenador Roy Barreras calificó el fallo como un hecho “histórico e inédito” en el contexto de los conflictos armados internos.
Aseguró que nunca antes un grupo armado había comparecido ante un tribunal especial y asumido públicamente su responsabilidad.
Sin embargo, agregó que quienes fueron sancionados no deberían aspirar a cargos públicos mientras cumplan sus penas.
Esta última afirmación provocó una rápida respuesta de Julián Gallo, exguerrillero, miembro del partido Comunes y senador. Gallo recordó que el Acuerdo Final de Paz establece que las sanciones de la JEP no implican pérdida de derechos políticos.
Acusó a Barreras de querer incumplir lo pactado y de “mala memoria”, recordando los compromisos adquiridos en los diálogos de La Habana.
Un fallo que marca un precedente
La JEP defendió su decisión argumentando que la justicia restaurativa no busca únicamente castigar, sino transformar. La magistratura resaltó que nunca antes en Colombia —ni en otros conflictos armados del mundo— los máximos responsables habían reconocido sus crímenes de esta manera.
Además, se resaltó que los sancionados estarán bajo estricta supervisión, con restricciones de movilidad y sin recibir remuneración por los trabajos asignados.