Cuatro décadas después, la búsqueda de justicia sigue abierta
Justicia y amnistía tras el Palacio de Justicia: condenas, responsabilidades y la línea del perdón
El Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022) revisa en detalle las consecuencias judiciales de la tragedia del Palacio de Justicia.
Cuarenta años después, la justicia colombiana solo ha avanzado parcialmente: hubo condenas a militares, amnistía a los guerrilleros del M-19 y reparaciones internacionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión resume así la paradoja del caso:
“El Estado tiene el deber de esclarecer lo ocurrido, revelar las responsabilidades en todos sus niveles y dar voz a las víctimas.”
Condenas a miembros del Ejército
La justicia penal colombiana tardó casi dos décadas en actuar. Las primeras condenas firmes se produjeron después de 2005.
El informe detalla que el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, comandante de la Brigada XIII, fue condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada de varios empleados de la cafetería y visitantes.
También el coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue condenado en primera instancia, aunque la Corte Suprema de Justicia lo absolvió en 2015 por falta de pruebas directas.
“Las condenas judiciales llegaron tarde y no abarcaron toda la cadena de mando.”
Otros oficiales —entre ellos miembros del B-2 y agentes del DAS— fueron vinculados a procesos por tortura, secuestro y ejecución extrajudicial, delitos que no prescriben bajo el derecho internacional. La Comisión subraya que estas condenas son el resultado de décadas de lucha de las familias y de la presión internacional.
“La impunidad prolongada ha impedido cerrar la herida del Palacio de Justicia.”
La responsabilidad internacional del Estado
En 2014 y 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por violaciones graves de derechos humanos en el caso.
Ordenó reparación integral, búsqueda de los desaparecidos y actos anuales de conmemoración. El informe respalda estas decisiones, señalando que el Estado asumió tardíamente su responsabilidad.
“Si se hubiera prevenido la toma, manejado bien la escena del crimen o evitado las detenciones arbitrarias, la historia habría sido otra.”
La Comisión enfatiza que el deber del Estado no termina con las reparaciones: debe garantizar verdad plena, justicia efectiva y memoria histórica.
La sentencia internacional también ordenó fortalecer los protocolos militares y las normas sobre uso proporcional de la fuerza.
“El Estado perdió su legitimidad cuando su deber de proteger la vida fue sustituido por la lógica de la guerra.”
La amnistía al M-19: el perdón político
El informe dedica un capítulo a los acuerdos de paz de 1990, mediante los cuales los miembros del M-19 fueron amnistiados o indultados bajo la Ley 77 de 1989.
Esta medida cubrió los delitos de rebelión, sedición y delitos conexos, pero dejó sin sanción penal los hechos del Palacio de Justicia, pese a las muertes y destrucción causadas.
“La amnistía fue una decisión política más que jurídica, adoptada en nombre de la reconciliación nacional.”
Según la Comisión, la toma del Palacio fue liderada por Andrés Almarales, Alfonso Jacquin, Luis Otero Cifuentes y Ariel Sánchez, todos ellos muertos en combate.
Otros guerrilleros como Elvencio Ruiz y varios combatientes jóvenes fueron capturados y posteriormente amnistiados.
Entre los dirigentes del movimiento, el informe menciona a Gustavo Petro, quien formaba parte de la dirección nacional del M-19, pero no participó en la planeación ni en la ejecución de la toma, ya que se encontraba detenido desde octubre de 1985.
“Por su parte, Gustavo Petro, quien hacía parte de la dirección, fue, según sus palabras, ‘aislado de la organización ya que me capturaron en octubre de 1985’.”
Otros líderes del M-19, como Otty Patiño, Antonio Navarro Wolff y Rosemberg Pabón, participaron posteriormente en el proceso de desmovilización y fundación de la Alianza Democrática M-19, que en 1991 ocupó escaños en la Asamblea Constituyente.
“La amnistía selló el paso del M-19 de la lucha armada a la política.”
Responsabilidades compartidas: del mando civil al fuego cruzado
El informe también analiza las responsabilidades del presidente Belisario Betancur Cuartas (1982–1986).
La Comisión concluye que no impartió la orden directa de la retoma militar, pero tampoco la detuvo, lo que lo hace responsable por omisión.
“El presidente Betancur no ordenó la recuperación del Palacio por la fuerza, pero tampoco la impidió. Delegó de hecho en el mando militar la conducción de la crisis.”
Pese a su papel, Betancur nunca fue juzgado. La Constitución de 1886 le otorgaba fuero presidencial, que solo permitía ser investigado por el Congreso.
Ninguna acusación fue presentada, y no existían pruebas directas que lo vincularan con las órdenes militares.
“El orden constitucional de la época otorgaba al presidente un fuero casi absoluto, que impedía cualquier investigación penal mientras ejerciera el cargo.”
La Comisión subraya que su responsabilidad fue política y moral, no penal.
“El gobierno abdicó de su deber constitucional de controlar la fuerza pública. El mando civil se desdibujó ante la doctrina de seguridad nacional.”
Así, la historia judicial del Palacio quedó dividida: el M-19 fue amnistiado, el Ejército parcialmente condenado, el narcotráfico nunca investigado a fondo, y el presidente no juzgado.
La Comisión resume este panorama con una frase contundente:
“El Palacio de Justicia fue la derrota de todos los poderes del Estado. Y el presidente, aunque no disparó, permitió que el fuego hablara por él.”
Justicia inconclusa
A pesar de las condenas y de los avances internacionales, la Comisión concluye que la justicia en el caso del Palacio de Justicia sigue siendo incompleta.
Hay más de una decena de desaparecidos sin identificar y procesos aún abiertos en la Fiscalía General de la Nación.
“No se han considerado los mecanismos para recuperar los cuerpos carbonizados e identificarlos apropiadamente… la situación de los desaparecidos se mantiene irresoluta.”
La Comisión recomienda fortalecer las políticas de memoria y reparación, y reabrir líneas de investigación sobre la financiación del narcotráfico, aspecto que sigue sin esclarecerse plenamente.
“El Palacio de Justicia representa la confluencia de tres violencias: la insurgente, la estatal y la del narcotráfico.”
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Fuente: Informe Final de la Comisión de la Verdad – Caso Palacio de Justicia (2022) [PDF]
Esta nota hace parte de la serie especial “40 años del Palacio de Justicia – La verdad que no se apaga”, publicada por Diario Occidente con base en el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022). Descárgalo aquí