Persisten amenazas
Procuraduría advierte sobre recontaminación con minas antipersonal en 53 municipios
La Procuraduría General de la Nación encendió las alarmas sobre un preocupante retroceso en la lucha contra las minas antipersonal en Colombia.
Según el ente de control, 53 municipios que ya habían sido declarados libres de sospecha por estos artefactos explosivos fueron recontaminados.
El procurador delegado para el Seguimiento al Acuerdo de Paz aseguró que, a pesar de los esfuerzos institucionales por desescalar la violencia y avanzar en el desminado humanitario, grupos armados continúan utilizando minas antipersonal.
Estos elementos están prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario, pero siguen siendo empleados como herramientas de control territorial y presión sobre la población civil.
El riesgo se extiende
Los datos oficiales, suministrados por el Grupo de Acción contra Minas Antipersonal (AICMA), indican que en el país se mantienen activas operaciones de desminado en 84 municipios adicionales, mientras que otros 102 están pendientes por intervenir.
La recontaminación en zonas que ya estaban limpias obliga a redoblar los esfuerzos en materia de seguridad y prevención.
En este contexto, la Procuraduría recomendó exigir a los grupos armados con los que el Estado mantiene diálogos que cesen el uso de minas antipersonal.
También pidió abrir corredores humanitarios que permitan a las organizaciones especializadas avanzar en sus tareas de limpieza sin riesgos para su personal.
Otra de las recomendaciones fue la necesidad de actualizar la política pública sobre acción contra minas antipersonal.
Actualmente, el país no cuenta con un documento Conpes vigente en esta materia, ya que el último fue expedido en 2019, según informó la Procuraduría.
Llamado urgente
Más allá de la limpieza del terreno, la Procuraduría subrayó la importancia de garantizar condiciones seguras para el retorno de las comunidades desplazadas.
Según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, las autoridades están obligadas a proteger a las personas que han sido forzadas a abandonar sus territorios, y el desminado es una condición indispensable para este proceso.
La advertencia del ente de control apunta a no perder de vista el impacto humanitario que estas armas siguen generando.
Aunque muchos municipios habían alcanzado la categoría de libres de minas, el uso recurrente de estos artefactos impide que las poblaciones recuperen su cotidianidad y accedan a sus derechos fundamentales.