Defensa con alta tecnología
Proyecto Escudo Nacional Antidrones: claves del plan de defensa de $6,3 billones contra amenazas no tripuladas
El Gobierno puso en ejecución el Proyecto Escudo Nacional Antidrones, una estrategia para la protección del espacio aéreo colombiano frente a nuevas amenazas tecnológicas.
Con una inversión de $6,3 billones, el objetivo central es anticiparse al uso ilegal de drones por parte de grupos armados, salvaguardando la vida de civiles y miembros de la Fuerza Pública.
La primera fase contará con una inversión de $1 billón, autorizada por orden presidencial. El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, quien lidera este esfuerzo interinstitucional con el apoyo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Estas entidades también integrarán el recientemente creado Grupo de Drones y Antidrones, responsable de la operación y ejecución de esta política de seguridad aérea.
El proyecto se desarrolla en torno a tres pilares estratégicos: legislación y doctrina, entrenamiento y operaciones, y tecnología.
El ministro Sánchez explicó que la intención es garantizar el control efectivo del espacio aéreo nacional, responder con eficacia a amenazas emergentes y promover el desarrollo de capacidades locales mediante transferencia de conocimiento y tecnología.
Contratación directa
La ejecución del Proyecto Escudo Nacional Antidrones seguirá un proceso de contratación directa, limitado a empresas respaldadas por sus gobiernos de origen.
Según lo establecido, las propuestas serán evaluadas bajo estrictos criterios técnicos, jurídicos y económicos.
No se aceptarán ofertas de comercializadoras ni de empresas integradoras, y todas las negociaciones se realizarán exclusivamente con fabricantes o representantes legales, con el acompañamiento de embajadas correspondientes.
El ministro enfatizó que las compañías interesadas deberán garantizar el cumplimiento de múltiples requisitos, incluyendo la actualización del software, capacitación técnica de instructores para uso y mantenimiento de los equipos, y pruebas operacionales dentro del territorio colombiano.
Además, deberán ofrecer transferencias de tecnología que contribuyan a la autonomía estratégica del país.
Para garantizar la transparencia, el proceso contará con el acompañamiento del Grupo de Transparencia del Ministerio de Defensa y de una firma especializada en contratación estatal.
Las evaluaciones estarán a cargo de un equipo multidisciplinario que analizará cada oferta en función de lo que mejor convenga al interés nacional.
El ministro dejó claro que no intervendrá en las decisiones finales sobre la adjudicación.