¿Qué es un cabildo abierto y para qué sirve?

Luego de que el Senado archivara la propuesta de realizar una consulta popular sobre las reformas del Gobierno, el presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía a participar en cabildos abiertos.

Pero ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cuál es el alcance de esta figura y qué efectos tiene?

El cabildo abierto es una de las formas de participación ciudadana consagradas en la Constitución Política de 1991.

Específicamente, está definido en el artículo 103 como uno de los mecanismos mediante los cuales los ciudadanos pueden intervenir en las decisiones que los afectan.

A diferencia de otros mecanismos como el referendo, el plebiscito o la consulta popular —que requieren votaciones amplias y tienen efectos jurídicos vinculantes— el cabildo abierto tiene un carácter principalmente deliberativo.

¿Cómo funciona un cabildo abierto?

El artículo 9 de la Ley 134 de 1994, reglamentaria de los mecanismos de participación, establece que el cabildo abierto se realiza en las corporaciones públicas de elección popular —como concejos municipales, asambleas departamentales o juntas administradoras locales— cuando los ciudadanos lo solicitan con un número mínimo de firmas o cuando la propia corporación lo convoca.

Se trata de una sesión especial en la que los habitantes del municipio o departamento pueden intervenir directamente para exponer opiniones sobre temas de interés colectivo.

Sin embargo, es importante entender que los cabildos abiertos no son escenarios de decisión: su efecto es informativo.

Las opiniones expresadas por los ciudadanos deben ser tenidas en cuenta por las autoridades, pero no implican una obligación legal de acatar las propuestas planteadas.

¿Puede un presidente convocar a cabildos abiertos?

Esta es una de las dudas que ha generado el anuncio del presidente Petro. Formalmente, el jefe de Estado no puede convocar directamente un cabildo abierto en los términos definidos por la ley, ya que este mecanismo está diseñado para funcionar dentro del ámbito local y regional.

Lo que puede hacer, como ya lo hizo en el pasado, es invitar a espacios de diálogo público que adopten el formato de cabildo abierto, sin los efectos jurídicos ni la formalidad del mecanismo constitucional.

En este contexto, los cabildos convocados por el presidente serían encuentros de deliberación ciudadana con fines políticos y pedagógicos, pero sin efectos vinculantes sobre el Congreso o sobre el ordenamiento jurídico.

Una herramienta para ser escuchados, no para decidir

Los cabildos abiertos son una expresión del espíritu participativo de la Constitución del 91. Permiten que la voz de los ciudadanos se escuche en los escenarios de poder, aunque no puedan sustituir a los mecanismos decisorios del Congreso ni derogar leyes.

Como lo señaló la Corte Constitucional en varias sentencias, su valor radica en fortalecer el diálogo democrático y en aproximar a los ciudadanos a la gestión pública.

En conclusión, los cabildos abiertos son espacios legítimos de deliberación, pero no pueden sustituir los trámites legislativos ni resolver por sí solos controversias políticas de fondo. Son útiles para construir consenso, pero no para imponer decisiones.

¿Y las asambleas populares?

En medio del ambiente político que rodea la convocatoria a cabildos abiertos por parte del presidente Gustavo Petro, también se ha hecho referencia a las denominadas asambleas populares, otra figura que suele invocarse en contextos de movilización social.

Sin embargo, a diferencia del cabildo abierto, las asambleas populares no tienen un reconocimiento explícito en la Constitución ni en las leyes colombianas como mecanismo formal de participación ciudadana.

Las asambleas populares son, en esencia, espacios autoconvocados de deliberación política, generalmente promovidos por movimientos sociales, organizaciones comunitarias o colectivos ciudadanos.

Su propósito suele ser el debate sobre temas de interés común, la construcción de agendas colectivas o la expresión de posturas frente a decisiones del poder público.

En este sentido, forman parte del derecho a la libre asociación, la libertad de expresión y el derecho a reunirse públicamente y de manera pacífica, todos protegidos por la Constitución (artículos 20, 37 y 38).

¿Qué efectos tienen?

Desde el punto de vista legal, las conclusiones o propuestas de una asamblea popular no son vinculantes ni obligan a ninguna autoridad.

No pueden derogar normas, cambiar leyes ni reemplazar las competencias del Congreso, los concejos o las asambleas departamentales.

Tampoco constituyen mecanismos de participación formal como la iniciativa legislativa, el referendo o la consulta popular.

No obstante, su valor político y simbólico puede ser significativo. Las asambleas populares pueden convertirse en plataformas de presión social, en termómetros del descontento ciudadano o en espacios de concertación alternativa.

Algunas autoridades locales, incluso, han usado sus resultados como insumo para formular políticas públicas.

Comments