Colombia enfrenta retos fiscales
EE. UU. ajusta su rumbo monetario: Anif advierte riesgos de mediano plazo
El más reciente informe de coyuntura económica de Anif traza un panorama complejo para la economía colombiana: en el frente externo, la economía de Estados Unidos combina una inflación subyacente en ascenso con un mercado laboral debilitado, lo que condiciona las decisiones de la Reserva Federal (Fed); en el ámbito interno, el crecimiento de los litigios contra el Estado amenaza la sostenibilidad fiscal, configurando un pasivo oculto que limita la capacidad del Gobierno para financiar programas e inversiones.
EE. UU.: dilema entre inflación y empleo
En julio de 2025, la inflación total anual en Estados Unidos se mantuvo en 2,7%, sostenida por la caída en precios volátiles como energía (-1,6%) y gasolina (-9,5%).
Sin embargo, la inflación básica repuntó a 3,1%, el nivel más alto en cinco meses, producto del traslado de mayores costos de producción generados por medidas arancelarias del actual gobierno. Frente a abril, el alza fue de 0,4 puntos porcentuales, reflejando dificultades para converger hacia la meta de 2% de la Fed.
Por el lado laboral, la tasa de desempleo se ubicó en 4,2%, un aumento marginal respecto a junio, mientras que se crearon apenas 73.000 nuevos empleos, muy por debajo del promedio de 123.000 registrado un año antes.
En el último trimestre móvil, la generación neta de plazas se redujo a 35.000, reflejando incertidumbre empresarial frente a la política comercial y limitando la planificación de largo plazo.
Este doble frente plantea un dilema para la Fed: controlar las presiones inflacionarias sin profundizar la desaceleración laboral.
El mercado ya descuenta con un 89% de probabilidad un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre, aunque se espera que el ritmo de flexibilización monetaria sea más gradual y dependiente de los datos de precios y empleo.
El pasivo oculto de Colombia: litigios estatales en alza
En paralelo, Anif advierte sobre un riesgo interno creciente: el costo de los litigios contra el Estado colombiano. Entre 2015 y 2020 se registraban en promedio 13.000 procesos activos anuales; en 2024, la cifra llegó a 70.000, y a junio de 2025 ya sumaban 28.700 demandas adicionales.
Las pretensiones acumuladas alcanzan $753 billones, un incremento de $133 billones en términos reales frente a 2019.
Aunque la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) mantiene una tasa de éxito del 88%, el tamaño de los procesos desfavorables implica un pasivo efectivo cercano a $29 billones (1,6% del PIB). Además, las controversias internacionales de inversión suman cerca de $60 billones en riesgo.
El informe resalta que la mayoría de procesos se concentran en demandas de gran magnitud: 979 casos superiores a $50.000 millones concentran $576 billones, mientras que más de 246.000 procesos pequeños suman $30 billones.
La falta de liquidez del Fondo de Contingencias, que apenas dispone de $6 billones y no recibió aportes en la vigencia 2025, limita la capacidad de respuesta y aumenta los intereses moratorios que debe asumir el Estado.
Riesgos fiscales y confianza en juego
Anif advierte que este pasivo oculto pone en riesgo la sostenibilidad fiscal y la credibilidad institucional. “La rápida escalada en el número de litigios y la incertidumbre jurídica derivada de decisiones gubernamentales controvertidas, como la intervención de EPS, incrementan la exposición fiscal del país”, señala el documento.
La combinación de estas presiones con un déficit fiscal superior al 5% del PIB obliga a reforzar la defensa jurídica del Estado, retomar aportes al Fondo de Contingencias y garantizar reglas de juego claras en materia contractual y regulatoria.
Contexto macroeconómico
En el frente interno, la inflación en Colombia cerró julio en 4,82%, mostrando una senda descendente frente a 2024. El peso colombiano se ha mantenido estable en la franja de los $4.000 por dólar, aunque sujeto a la volatilidad externa.
El Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE) muestra avances en las actividades terciarias y secundarias, con un repunte en servicios y manufactura, pero debilidad en sectores primarios como minería y agricultura.
El reto de mediano plazo será consolidar el crecimiento económico mientras se atiende el riesgo fiscal de los litigios, un factor que podría comprometer la inversión pública en infraestructura, educación y salud.