Incertidumbre fiscal crece a la espera del nuevo MFMP
Colombia se encamina hacia un déficit del 7,3%
El deterioro de las finanzas públicas en Colombia ha alcanzado niveles preocupantes.
Según las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda y analizadas por el Banco Popular, el país cerró 2024 con un déficit fiscal del 6,8% del PIB, muy por encima de la meta oficial del 5,1% contemplada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de ese año.
Lo más alarmante, sin embargo, es que las cifras observadas en 2025 muestran un deterioro aún mayor: se estima que el déficit fiscal podría cerrar este año en 7,3% del PIB, de no mediar ajustes contundentes en el gasto público.
El gasto acumulado a abril ascendió a $165 billones, con un crecimiento de casi 20% frente al mismo periodo de 2024.
De esa cifra, $82,5 billones correspondieron a gastos de funcionamiento, $26,8 billones al servicio de la deuda y apenas $10,3 billones a inversión, esta última con una preocupante caída del 26,6%.
Adicionalmente, se ejecutaron pagos por $45 billones correspondientes a obligaciones adquiridas en 2024 pero liquidadas este año, un aumento del 124%.
La presión no solo proviene del lado del gasto.
Aunque el recaudo tributario acumulado creció 9,6% interanual y alcanzó $94,6 billones a abril, se encuentra $4 billones por debajo de la meta establecida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Esta brecha entre ingresos y gastos ha llevado a que el déficit acumulado a abril ya supere el 2,7% del PIB, el peor resultado fiscal para un primer cuatrimestre en la historia del país.
Según el informe, para cumplir la meta de déficit de 5,1% establecida en el Plan Financiero 2025, el Gobierno tendría que recortar al menos $40 billones del presupuesto vigente, algo que se considera improbable.
Incluso para igualar el déficit de 2024, se requeriría un ajuste de al menos $9 billones.
Frente a este panorama, los mercados han reaccionado con creciente escepticismo.
La prima de riesgo país ha subido sostenidamente, encareciendo el acceso al financiamiento externo.
El aumento de los intereses pagados por la deuda (que crecieron 22,7% en el primer cuatrimestre) es un reflejo directo de esta percepción de mayor riesgo.
Además, persisten dudas sobre la transparencia fiscal del Gobierno.
En 2024, el Ejecutivo defendió el cumplimiento de la regla fiscal alegando “transacciones de única vez”, pero esta estrategia fue criticada por firmas calificadoras y analistas, que la calificaron de “contabilidad creativa”.
Aún no está claro si el próximo MFMP, que se publicará en los próximos días, reconocerá abiertamente el deterioro fiscal o volverá a recurrir a justificaciones técnicas para sostener una meta que el mercado considera inalcanzable.
Los analistas consultados por el Banco Popular anticipan que el nuevo MFMP reconocerá un déficit entre el 6,7% y el 6,9%, lo cual implicaría una activación de la cláusula de escape de la regla fiscal o un incumplimiento explícito de la misma.
El uso reiterado de esta herramienta —diseñada para choques extraordinarios como pandemias o guerras— podría ser mal recibido por los mercados internacionales y poner en riesgo la calificación crediticia del país.
La situación plantea un dilema estructural.
Por un lado, el Gobierno argumenta que parte del aumento en el gasto responde al rezago acumulado de obligaciones anteriores, y que parte de ese gasto ya se ejecutó en el primer trimestre, lo cual permitiría una moderación hacia el cierre del año.
Sin embargo, las cifras muestran que el rezago total asciende a $63,2 billones, más del doble del nivel observado en 2024, lo que mantendrá una presión significativa sobre el presupuesto en los meses restantes.
Por el lado de los ingresos, se proyecta que el recaudo total para 2025 será de $289 billones, incluyendo $8,9 billones correspondientes al anticipo del impuesto de renta de 2026 habilitado por el Decreto 0572.
Sin este ingreso extraordinario, el recaudo real sería aún más bajo, lo que pone en entredicho la sostenibilidad estructural del modelo fiscal actual.
Si bien Colombia ha mostrado señales de recuperación económica —el crecimiento del PIB se proyecta en 2,7% para este año—, este repunte no ha venido acompañado de una mejora sustancial en el balance fiscal.
Por el contrario, el incremento del gasto público, especialmente en funcionamiento y deuda, ha limitado el espacio para inversión y ha alimentado el riesgo de desajuste estructural.
En este contexto, el gran interrogante es cómo reaccionarán los inversionistas y las calificadoras cuando se conozca el nuevo MFMP.
Si el documento no viene acompañado de un plan de consolidación creíble, con metas de gasto claras y ajustes efectivos, el país podría enfrentar mayores presiones cambiarias, una caída en la demanda de deuda pública y una nueva ronda de degradación en su calificación soberana.
El desafío no es menor. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una regla técnica, sino la confianza en la capacidad del país para sostener su disciplina fiscal a largo plazo.
Y esa confianza, una vez rota, es muy difícil de recuperar.