La tensión entre justicia social y sostenibilidad fiscal marca la discusión de fin de año
El dilema del salario mínimo: cuánto puede resistir la economía colombiana
Cada noviembre, el país revive uno de los debates más sensibles para la economía nacional: el aumento del salario mínimo.
Lo que a primera vista parece una decisión orientada a mejorar el bienestar de los trabajadores, en realidad condensa una compleja red de efectos que atraviesan la inflación, la productividad y la sostenibilidad fiscal.
El reciente análisis de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advierte que un incremento desproporcionado podría tener consecuencias de largo alcance sobre el empleo formal y las finanzas públicas.
El contexto de 2025 no podría ser más delicado. Tras un inicio de año que trajo señales de alivio inflacionario, los precios volvieron a acelerarse en el segundo semestre.
Entre junio y octubre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) pasó de 4,82 % a 5,51 %, una tendencia que refleja presiones persistentes sobre los alimentos y algunos bienes regulados.
Anif proyecta que el año cerrará con una inflación del 5,34 %, cifra que, aunque menor que la de 2023, sigue por encima del rango meta del Banco de la República.
Simultáneamente, la productividad laboral muestra signos de fatiga. El PIB por ocupado cayó 1,2 % en lo corrido del año, debido a que el empleo crece más rápido que la producción.
Este fenómeno, que ya se había presentado en 2022 y 2023, refleja un mercado laboral en expansión pero con baja eficiencia, y plantea dudas sobre la capacidad del aparato productivo para absorber incrementos de costos sin sacrificar formalidad.
Según Anif, la productividad por hora trabajada apenas habría crecido 2,2 % en promedio, lo que limita el margen técnico para un alza significativa del salario mínimo.
En este marco, los economistas recuerdan que la fórmula de referencia para el ajuste —inflación más productividad— busca mantener el poder adquisitivo sin comprometer la competitividad. Aplicada a las cifras actuales, el incremento de referencia rondaría el 7,5 %.
Sin embargo, las presiones políticas y sociales podrían empujar la negociación hacia aumentos de dos dígitos, un escenario que preocupa por sus efectos colaterales.
El primer impacto se da en el frente fiscal. En Colombia, una porción importante de las pensiones, particularmente las del régimen de prima media, está indexada al salario mínimo legal vigente (SMLV).
Cada punto porcentual adicional en el aumento real del salario mínimo genera un sobrecosto de aproximadamente 0,24 billones de pesos en las obligaciones pensionales del Estado. Así, un incremento del 10 % —tres puntos por encima del nivel sugerido por la fórmula técnica— implicaría un gasto adicional de 1,12 billones de pesos, solo en el régimen público de pensiones.
En un país con estrechez fiscal y con metas de déficit sujetas a la regla fiscal, ese monto no es menor. Representa recursos que podrían destinarse a inversión social, educación o infraestructura, y que en cambio tendrían que cubrir gastos indexados. “La prudencia es esencial —plantea el informe de Anif —. Un aumento desproporcionado no solo afectaría el balance fiscal, sino también la sostenibilidad de la formalidad laboral y las presiones inflacionarias del año siguiente.”
El segundo efecto se observa en el mercado de trabajo. Subir el salario mínimo por encima del crecimiento real de la productividad tiende a encarecer la contratación formal, especialmente para micro y pequeñas empresas, que concentran la mayor parte del empleo en Colombia.
Estudios del Dane y del Banco de la República han mostrado que cada aumento de un punto porcentual en el salario mínimo por encima de la productividad puede traducirse en un aumento de la informalidad de entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales.
Es decir, una medida pensada para mejorar la calidad de vida de los trabajadores podría terminar expulsando a miles de ellos hacia la economía informal, sin acceso a seguridad social ni estabilidad laboral.
El tercer canal es el inflacionario. Un alza elevada del salario mínimo puede generar un “efecto de segunda ronda” en los precios: los empresarios trasladan parte del mayor costo laboral a los consumidores.
Este fenómeno, combinado con la indexación de algunos servicios y contratos al SMLV, puede ralentizar la convergencia de la inflación hacia el rango meta, prolongando la política monetaria restrictiva del Banco de la República y postergando la reducción de tasas de interés.