¿Se presionará la inflación en 2026?

La inflación en Colombia cerró 2025 en 5,1%, apenas 10 puntos básicos por debajo del registro de 2024, y por encima del rango meta del Banco de la República (2%-4%) por quinto año consecutivo.

Este comportamiento, sumado al incremento del salario mínimo del 23% para 2026, plantea un escenario complejo para la estabilidad de precios, debido al efecto de la indexación en múltiples bienes y servicios de la economía.

La indexación es un mecanismo mediante el cual precios y tarifas se ajustan automáticamente con base en parámetros como la inflación del año anterior o el salario mínimo.

Si bien este sistema busca preservar el poder adquisitivo y facilitar la actualización de costos, en contextos de inflación persistente puede amplificar las presiones inflacionarias y dificultar el retorno a niveles objetivo.

Uno de los rubros más sensibles a la indexación es el de los arriendos, dado su peso en el presupuesto de los hogares.

De acuerdo con la Ley 820 de 2003, el canon de arrendamiento solo puede incrementarse una vez al año y hasta un máximo equivalente al 100% del IPC del año anterior.

En consecuencia, durante 2026 los arriendos tendrán aumentos cercanos al 5,1%, impacto que se sentirá de forma inmediata en el costo de vida de las familias.

Otros gastos

Otros bienes y servicios que también se ajustan con base en la inflación incluyen las matrículas educativas, los peajes, los servicios públicos domiciliarios, los planes de conectividad móvil e internet, las cuotas moderadoras de consultas médicas en EPS, los tiquetes aéreos y algunas transferencias monetarias del Gobierno.

En conjunto, estos componentes registrarán incrementos similares al nivel de inflación de cierre de 2025, presionando la canasta de consumo de los hogares durante el próximo año.

Adicionalmente, el aumento del salario mínimo del 23% tendrá un impacto significativo en los servicios intensivos en mano de obra.

Sectores como restaurantes, peluquerías, servicios de aseo y vigilancia, cuidado personal, mantenimiento, cuidado de niños y adultos mayores, servicio doméstico, consultas médicas particulares, transporte público, trámites y multas de tránsito enfrentarán aumentos de costos que, en buena medida, serán trasladados al consumidor final.

Uno de los casos más críticos es el de la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés prioritario (VIP), cuyos precios máximos están definidos en salarios mínimos.

Esto implica que los techos de precios aumentarán automáticamente en 23% en 2026. Así, una vivienda VIS podrá costar hasta $262.635.750 y una VIP hasta $157.581.450.

Para las familias que ya cuentan con encargos fiduciarios y contratos pactados en salarios mínimos, este ajuste representará un incremento sustancial en el valor previamente acordado.

Aunque el Gobierno ha manifestado su intención de avanzar en la desindexación de algunos productos y servicios, incluyendo la vivienda VIS y VIP, el impacto inflacionario en el corto plazo parece inevitable.

La combinación del alto incremento del salario mínimo con los mecanismos de indexación vigentes eleva las previsiones de inflación para 2026.

Según los analistas, el traslado de estos incrementos a los precios se sentirá con mayor fuerza durante el primer semestre del año, periodo en el que se concentrarán la mayoría de los ajustes.

Este panorama refuerza la necesidad de una política económica coordinada que permita contener las presiones inflacionarias, proteger el poder adquisitivo de los hogares y facilitar un retorno gradual al rango meta de inflación.

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