Se proyecta que el déficit fiscal alcanzará el 7,1 % del PIB
El nuevo proyecto tributario que pone a prueba la Constitución y la economía nacional
La reforma tributaria presentada en septiembre de 2025 busca recaudar 26 billones de pesos para enfrentar un déficit fiscal superior al 7% del PIB.
La propuesta introduce cambios en renta, patrimonio e IVA que ponen a prueba la estabilidad legal y económica del país.
Expertos advierten posibles tensiones con principios constitucionales como la equidad y la progresividad, lo que abre un debate sobre cómo equilibrar la sostenibilidad fiscal con la protección de los derechos de los contribuyentes.
De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) 2025, el déficit fiscal se disparó a un estimado del 6,8 % en 2024 y se proyecta que alcanzará el 7,1 % del PIB este año, una de las cifras más altas en la historia del país, solo superada por los años de crisis de 1999 y 2020.
Esta tendencia refleja un aumento del gasto público y una menor recaudación tributaria frente a las metas establecidas, lo que ha sido uno de los principales argumentos del Gobierno para impulsar la nueva reforma tributaria.
El impuesto al patrimonio se introdujo originalmente con un umbral de 72.000 UVT, pero el proyecto de reforma tributaria propone reducirlo a 40.000 UVT, lo que amplia significativamente el umbral de contribuyentes que iniciarán a presentar y pagar impuesto.
Este cambio debe contar con un sustento claro que demuestre la capacidad contributiva de quienes entrarán en este nuevo umbral, garantizando que la medida sea justa y proporcional, de lo contrario sería confiscatorio”, señaló Sara Valbuena, directora legal de Ventus Consultores.
Igualdad y legalidad
Además, las amnistías tributarias incluidas en la propuesta podrían ser objeto de revisión constitucional por posible vulneración de los principios de igualdad y legalidad.
Aunque buscan incentivar el cumplimiento, generan dudas sobre su impacto en la confianza legítima.
En paralelo, la tarifa de renta para personas naturales subiría hasta el 41 % y la del patrimonio al 5%, mientras que las empresas enfrentarían sobretasas y menos beneficios, lo que aumentaría su carga fiscal.
De esa forma, Valbuena agrega que, “la principal preocupación no solo radica en el monto de los impuestos,sino en la falta de estabilidad y cumplimiento legal en la aplicación de las medidas. No todo es malo, es claro que el sistema debe cambiar de acuerdo a la necesidad social, la reforma refuerza la fiscalización de la Dian, incluyendo la normalización tributaria para activos omitidos y pasivos inexistentes con corte al 1.º de enero de 2026, lo que permite tener información más completa sobre el patrimonio de los contribuyentes’’, puntualizó la experta.
Finalmente, desde el punto de vista legal, el Estado puede modificar la carga tributaria siempre que exista una justificación basada en el interés público y no en decisiones arbitrarias.