$40.000 millones en riesgo y la necesidad de medir resultados
Durante el debate de control político que se realizó esta semana en el Concejo de Cali a la gestión del secretario de Movilidad, Gustavo Orozco, puse sobre la mesa dos problemas que considero fundamentales para el futuro de la movilidad en nuestra ciudad: la situación crítica de los contratos de semaforización inteligente y la falta de unos indicadores que midan el impacto social de los programas pedagógicos.
Entiendo perfectamente que los dos contratos de semaforización inteligente no fueron realizados por la actual administración distrital.
Sin embargo, esta administración lleva año y medio en el cargo y se hace corresponsable de lo que pasa.
No se puede gobernar mirando hacia atrás y culpando a las administraciones anteriores cuando los problemas están ahí, latentes, esperando soluciones.
Las cifras que presentó el secretario Orozco son preocupantes: la administración no ha recibido las intersecciones semaforizadas a satisfacción y solo se ha entregado el 50 % de las intersecciones programadas.
Las preguntas lógicas son: ¿qué va a pasar con el 50 % restante? Y entonces, ¿qué va a pasar con la semaforización inteligente en Cali?
Es necesario ser claros: estamos hablando de $40.000 millones que podrían perderse si no actuamos con determinación. He solicitado que se revisen las pólizas para evitar que estos recursos del erario se pierdan.
No es solo una cuestión técnica, es una responsabilidad con los caleños que esperan que sus recursos se inviertan eficientemente.
La semaforización inteligente no es un lujo, es una necesidad para una ciudad como Cali que enfrenta desafíos enormes en movilidad.
Cada semáforo inteligente instalado correctamente representa una mejora en los tiempos de desplazamiento, una reducción en la accidentalidad y un paso hacia una ciudad más moderna y eficiente, y por lo tanto con mejorando su calidad de vida.
Pero los problemas no se limitan a la infraestructura. En mi cuestionamiento sobre los programas de pedagogía vial, encontré algo que me preocupa profundamente: la falta de indicadores de resultados sociales en las once iniciativas pedagógicas dirigidas a diferentes públicos.
Cuando se hace una campaña pedagógica, se debe perseguir un objetivo claro y debe tener indicadores que permitan medir si se está logrando o no.
Es la base de cualquier gestión responsable. Sin estas mediciones, estamos ante un posible detrimento patrimonial, porque estamos invirtiendo recursos sin saber si estamos obteniendo los resultados esperados.
La Secretaría de Movilidad reportó cifras impresionantes: 447.000 comparendos impuestos, 58.000 ciudadanos que han recibido pedagogía, 6.600 operativos realizados.
Pero la pregunta de fondo es: ¿estas acciones están reduciendo la accidentalidad? ¿Están mejorando el comportamiento vial de los caleños? ¿Justifican la inversión realizada?
Al final del día, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y la certeza de que sus recursos se invierten responsablemente.