¿600 llamadas en un día no es acoso?
La situación de los feminicidios en Colombia es alarmante y profundamente desgarradora. Recientemente, en Cali, cinco mujeres fueron asesinadas brutalmente, lo que nos recuerda con dolor la persistencia de la violencia de género en nuestro país. Esta crisis, que deja a niños sin madres y a familias rotas, es urgente y devastadora.
En 2023, la Defensoría del Pueblo atendió más de 8.700 casos de Violencias Basadas en Género (VBG). El Valle del Cauca encabeza esta lamentable estadística con 753 casos, seguido por Norte de Santander con 646 y Antioquia con 639. Cada cifra representa a una mujer con sueños, una familia y una vida que merecía ser vivida.
Recientemente, fui testigo de la historia de una mujer valiente, una amiga cercana que, en medio de su desesperación, denunció el acoso de su expareja. Las agresiones no eran físicas, pero sí profundamente dolorosas. Se trataba de un acoso implacable, sutil pero constante, que incluía violencia psicológica y económica. 600 llamadas en un solo día, 15 números diferentes desde donde la acosaban, amenazas laborales, y un sinfín de mensajes de WhatsApp y correos electrónicos cargados de insultos.
Desesperada, acudió a las autoridades en busca de protección. Sin embargo, lo único que recibió fue una simple caución y una orden de alejamiento, medidas que resultaron ser más simbólicas que efectivas. Al preguntar si esa era toda la ayuda que le podían ofrecer, la respuesta fue desoladora: “Si no hace algo contundente contra usted, no podemos hacer nada”. Es inaceptable que el sistema judicial continúe esperando a que la violencia se materialice físicamente para poder actuar.
La Fiscalía General ha implementado mecanismos como el FIR para predecir el riesgo vital en mujeres víctimas de violencia de pareja. Si bien es un avance significativo, no ha sido del todo efectivo. El sistema judicial debe actuar con la urgencia. La violencia psicológica, económica y patrimonial son indicadores claros de un riesgo inminente, y las autoridades deben intervenir antes de que sea demasiado tarde.
La Ley 2356, sancionada recientemente por el Presidente de la República, es un paso crucial en la lucha contra esta violencia. Esta endurece las penas contra los feminicidas, asegurando que no reciban beneficios ni subrogados penales. Sin embargo, no podemos conformarnos con la simple promulgación de leyes; es fundamental garantizar su aplicación efectiva para que la justicia llegue a tiempo.
Desde el Congreso de la República, brindo todo mi apoyo y mi compromiso con todas las mujeres colombianas, luchando por leyes más fuertes y por su efectiva implementación. Cada feminicidio es una falla del Estado y de la sociedad. No podemos seguir siendo espectadores pasivos ante esta tragedia. Debemos exigir justicia para las víctimas y trabajar incansablemente para prevenir futuros crímenes. La memoria de las cinco mujeres asesinadas recientemente en Cali, y de todas las que han perdido la vida a manos de la violencia de género, nos exige una acción inmediata.