Alguien que le ponga freno al abuso de poder
En la recta final de la elección presidencial, el país está presenciando hechos inusuales que rompen todos los límites que establece el orden democrático y el equilibrio de poderes: la intervención descarada en política electoral desde el Gobierno Nacional.
Uno de ellos es acudir a la deslegitimación cuando los resultados y la voluntad popular no favorecen a un sector político que ha contado siempre con garantías y que, de hecho, ya tuvo su oportunidad de gobernar.
Esa alteración del equilibrio de poderes de facto y la violación flagrante de las reglas del juego democrático, en cabeza del presidente de la República y de funcionarios del Gobierno, es todo lo que no se debe permitir como sociedad.
Alguien que haga algo: que la Comisión de Acusaciones por fin opere, que los organismos de control le pongan freno a esta situación, que a quienes corresponda actúen prontamente para restablecer la institucionalidad. ¡Por Dios! Lo que está en juego es la democracia de nuestro país.
Lo que verdaderamente se está haciendo trizas es la institucionalidad, que le ha costado al país sangre y décadas construir, y que es lo que identifica a Colombia en el concierto internacional, como una de las democracias más sólidas de la región; es por eso que el pueblo debe tomar nota y ejercer su poder de sanción electoral, a través del voto libre.
Las cifras reportadas por la Registraduría y recogidas por distintos medios indican que el pasado 31 de mayo, acudieron a las urnas entre 23,7 y 23,9 millones de votantes, sobre un censo electoral de 41,4 millones de ciudadanos habilitados para votar, lo que representó una participación cercana al 57,6%.
Esto se constituye en un hito de participación ciudadana.
Otro hecho que también marcó un hito fue contar con la delegación más grande de organismos nacionales e internacionales, garantizando la vigilancia electoral, lo que redundó en la transparencia del proceso electoral.
Como ocurre en toda democracia, los resultados generaron debates y reacciones de distintos sectores políticos.
Sin embargo, es precisamente en estos momentos cuando más debemos proteger la confianza de los ciudadanos en las instituciones que garantizan el ejercicio democrático.
No podemos normalizar la práctica de deslegitimar el sistema electoral sin que medien evidencias verificables, esto no se puede volver parte del paisaje.
Colombia cuenta con autoridades electorales, organismos de control, tribunales y mecanismos legales para tramitar cualquier inconformidad. Debilitar la confianza en las instituciones es una amenaza a la democracia.
Por eso resulta preocupante cuando quien ejerce la más alta magistratura del Estado parece olvidar que sus palabras tienen consecuencias institucionales y que él debe representar la unidad nacional.
Un presidente no es un comentarista más del debate público; es el principal garante de la estabilidad democrática.
Gobernar implica liderar, pero también preservar y afianzar la confianza de los colombianos en las instituciones que sostienen la República.
Ningún proyecto político, por legítimo que sea, puede estar por encima de la credibilidad de la democracia en sí misma.
Y no podemos permitir que este sea un nefasto precedente para la democracia en Colombia, y que cualquiera que sea el próximo presidente y quienes le sigan, sigan también el mal ejemplo del actual.
La ley es para todos y en un país garante de la democracia, se debe respetar.
La fortaleza de una democracia no depende de que todos piensen igual, sino de que todos tengan la garantía para disentir y que acepten las reglas del juego democrático.
Hago un llamado a la calma y a la sensatez a quienes, desde sus curules u orillas políticas, han insinuado que el resultado de la segunda vuelta presidencial, de este próximo 21 de junio, podría convertirse en un escenario para que vuelva la violencia y los bloqueos de primeras líneas en las principales ciudades del país.
Sea cual sea el resultado, todos los colombianos estamos llamados a aceptar lo que en derecho y en democracia decidan los millones de colombianos que votamos, y que ese presidente que sea elegido, tenga las garantías para gobernar.
Nuestras instituciones, nuestra Fuerza Pública y nuestra democracia, deben estar más fuertes que nunca.