Armas: libertades y restricciones, dos realidades opuestas
Un hecho reciente que nos impactó fue el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, en un evento en la Utah Valley University. Un francotirador le disparó desde un edificio cercano con un rifle tipo bolt-action.
Cada vez que esto ocurre se abre el debate por la proliferación de armas en los Estados Unidos. El acceso a pistolas, rifles y fusiles de asalto en ese país es amplio, basta con cumplir la mayoría de edad, presentar un documento de identidad y pasar una verificación de antecedentes relativamente sencilla.
En algunos estados, ni siquiera este control existe. Este escenario explica por qué en Estados Unidos circulan más armas que habitantes y por qué las masacres, los tiroteos escolares y la violencia armada se han convertido en un panorama cotidiano.
Aunque sectores argumentan que las armas garantizan la autodefensa y disuaden el crimen, las cifras reflejan todo lo contrario: más armas han implicado más muertes, más accidentes domésticos y una mayor dificultad para que las autoridades controlen fenómenos como el tráfico ilegal hacia otros países.
Colombia, en contraste, vive la situación opuesta. Aquí, aunque es posible adquirir un arma con salvoconducto y permisos otorgados por el Estado, existe una restricción presidencial que limita el porte.
En otras palabras, se permite la tenencia bajo condiciones estrictas, pero no se puede portar consigo. Esta medida ha generado debate, pues otros sectores reclaman el derecho a la defensa personal en un país marcado por la inseguridad.
Sin embargo, quienes apoyan la restricción argumentan que en un contexto de violencia armada prolongada, narcotráfico, presencia de grupos ilegales y altos niveles de intolerancia, abrir la puerta al porte generalizado sería multiplicar este escenario de violencia.
Un caso que pone de manifiesto los vínculos internacionales en el tráfico de armas ocurrió con el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá.
Le dispararon con una pistola Glock calibre 9 mm, que fue legalmente comprada en Arizona, EEUU, y luego pasó por Florida antes de entrar al país de forma irregular.
Diferentes reportes oficiales señalan que seis de cada diez armas decomisadas en Colombia provienen de los EEUU.
Comparar ambos escenarios permite dimensionar sus implicaciones. En Estados Unidos, el modelo de libre acceso ha demostrado que la teoría de la “autodefensa ciudadana” no compensa los costos sociales y humanos.
En Colombia, la restricción al porte busca precisamente evitar esos costos. Si bien muchos ciudadanos se sienten desprotegidos, el monopolio de las armas en manos del Estado responde a una lógica de control y prevención que, aunque imperfecta, resulta más conveniente en un país donde la violencia estructural ya tiene suficientes detonantes.
La pregunta de fondo es: ¿qué escenario es más conveniente? El análisis apunta a que el modelo restrictivo colombiano, aunque impopular para algunos, es el más adecuado.
En sociedades con tensiones sociales y políticas, la proliferación de armas entre civiles no fortalece la seguridad, sino que incrementa los riesgos.
El caso estadounidense es un espejo que advierte sobre los costos de confundir libertad con permisividad.
El punto central del debate es si el ciudadano armado previene el crimen o lo incentiva. La evidencia sugiere que el grueso de la violencia en Colombia está asociado a armas ilegales.
Sin embargo, también es cierto que, en sociedades con altos niveles de intolerancia, como la colombiana, permitir el porte libre de armas legales podría aumentar los casos de homicidio derivados de intolerancia social y riñas.
En síntesis, el análisis muestra que ninguna de las dos posiciones por sí sola resuelve el problema. La clave está en combinar restricción con políticas integrales de lucha efectiva contra el tráfico ilegal, cooperación internacional y fortalecimiento de la seguridad pública.