Cali no necesita más episodios de incertidumbre institucional
Por estos días, Cali vuelve a situarse en el centro de una discusión que supera lo jurídico y se instala de lleno en el terreno de lo ético y lo institucional.
Cuando la ciudadanía escucha a la presidenta del Concejo Distrital afirmar que la mesa directiva ha sido respetuosa de las decisiones y de los organismos de control y de la justicia, lo mínimo que surge es desconcierto.
No porque el respeto institucional no deba ser la norma, sino porque los hechos recientes parecen narrar una historia distinta.
El pronunciamiento del Consejo de Estado, al admitir la acción de tutela interpuesta por uno de los ternados en la fallida elección del contralor distrital, introduce un elemento que no puede ser ignorado.
Más allá del trámite jurídico, lo que está en juego es la credibilidad de una corporación que hoy enfrenta cuestionamientos por su actuar.
El auto del magistrado Jorge Edison Portocarrero, fechado el 27 de abril de 2026, no solo admite la tutela: fija reglas claras.
El Concejo debe elegir contralor en un plazo de tres meses. Pero hay un detalle clave que no es menor: la elección debe realizarse dando continuidad al proceso definido en julio de 2025, no iniciando uno nuevo.
Este punto, aparentemente técnico, es en realidad sustancial. Presentar la situación como si se tratara de empezar desde cero no solo desdibuja la realidad, sino que podría interpretarse como una forma de evadir responsabilidades acumuladas.
Y es precisamente ahí donde aparecen dos aspectos que resultan imposibles de pasar por alto. El primero es la calificación que hace el propio magistrado sobre el comportamiento del Concejo: una “dilación injustificada”.
No se trata de una expresión ligera. Es, en esencia, un llamado de atención con posibles implicaciones disciplinarias.
La elección del contralor no era opcional ni dependía de cálculos políticos; era una obligación institucional que debió cumplirse en los tiempos establecidos.
Las demoras, lejos de ser simples retrasos administrativos, ya tienen efectos concretos. Desde noviembre del año anterior existe un proceso disciplinario en curso y, en paralelo, avanza una investigación en la Fiscalía General de la Nación, seccional Cali, por el presunto delito de prevaricato por omisión.
Es decir, no estamos ante un debate abstracto, sino frente a posibles responsabilidades legales.
El segundo aspecto es aún más delicado. Un juez constitucional había advertido previamente que la mesa directiva no podía revocar el proceso en curso.
Esa orientación, que debía guiar la actuación institucional, parece haber sido ignorada. De confirmarse, no estaríamos solo ante una omisión, sino ante una posible actuación que podría configurar prevaricato por acción, asunto que también está bajo análisis de las autoridades competentes.
En este contexto, resulta difícil sostener que se ha actuado en estricto apego a la justicia. Más bien, lo que se percibe es una tensión evidente entre el discurso y los hechos.
Sin embargo, en medio de las crisis institucionales también emergen voces que buscan encauzar el debate hacia la legalidad. Ciudadanos y dirigentes que, más allá de cálculos políticos, asumen posiciones claras frente a lo que consideran una desviación del orden institucional.
En ese grupo se encuentra Roberto Ortiz, quien ha insistido de manera reiterada en la necesidad de elegir contralor y respetar el proceso establecido.
Su postura, en ocasiones solitaria, ha tenido el mérito de mantener el tema en la agenda pública y de señalar lo que para muchos era evidente: la falta de voluntad para tomar una decisión clave.
Su cuestionamiento al alcalde y a la dinámica del Concejo plantea una inquietud de fondo: ¿a quién beneficia la ausencia de un contralor en propiedad?
La respuesta, aunque no siempre explícita, remite a un escenario donde la falta de control puede convertirse en terreno fértil para la opacidad.
Hoy, obligados por una decisión judicial, los concejales deberán avanzar en la elección en un plazo perentorio.
Y la pregunta es inevitable: si ahora es posible hacerlo en tres meses, ¿por qué no se hizo antes? La respuesta no solo tiene implicaciones políticas, sino también disciplinarias.
Será la Procuraduría General de la Nación la que, eventualmente, determine las responsabilidades de quienes participaron en la dilación del proceso. Cali no necesita más episodios de incertidumbre institucional.
Necesita decisiones claras, oportunas y ajustadas a la ley. La elección del contralor no es un trámite menor; es una pieza fundamental para el control fiscal y la confianza ciudadana. Al final, el tiempo suele poner las cosas en su lugar.
Y en este caso, todo indica que reconocerá a quienes, desde distintas orillas, insistieron en la necesidad de respetar las reglas y actuar con transparencia.
Porque, incluso en medio de la confusión, siempre hay quienes deciden marcar la diferencia.