Colombia, una patria sin defensa
El mayor acto de irresponsabilidad de este desgobierno ha sido desnaturalizar a la Fuerza Pública, vaciarla de su esencia y debilitar su capacidad de acción.
Mientras los grupos criminales avanzan, mientras el narcotráfico se fortalece y mientras el terrorismo revive en regiones enteras, el Estado ha preferido quitarle fuerza y presupuesto a quienes tienen la obligación constitucional de defendernos.
Esa decisión no es un error técnico, es un crimen político contra Colombia.
Las Fuerzas Armadas han sido, durante décadas, el escudo defensor de los colombianos frente al terrorismo y el crimen.
Nuestros héroes, hombres y mujeres de honor, se echaron al hombro el dolor de un país azotado por la violencia y evitaron que la democracia cayera bajo el fuego del narcoterrorismo.
Pero hoy ese escudo está agrietado, no por la cobardía de sus miembros, sino por la mezquindad del primer gobierno de izquierda que, sin reparos, ha decidido deliberadamente debilitarlo.
Los datos que desnudan la magnitud de esta traición son brutales. El Ejército Nacional pidió 22 billones de pesos para 2025 y el gobierno solo le entregó 12.
A la Policía le recortaron más de 8 billones, a la Armada 1,6 y a la Fuerza Aeroespacial otros 2. La realidad es que de los más de 50 billones que las Fuerzas Armadas requerían, apenas se le asignaron 33, con un déficit cercano a 17 billones y, para completar, 921 mil millones quedaron congelados por restricciones fiscales.
Esa decisión irresponsable ha traído consigo helicópteros que no despegan, patrullas que no salen y soldados que no llegan a los territorios donde la gente clama por protección.
Lo que ha hecho este desgobierno es convertir a Colombia en una patria sin defensa.
Estos recortes en presupuesto no son abstractos. La Cuarta Brigada, que opera en Antioquia, recibió apenas 32 millones; la Brigada Contra el Narcotráfico en Caquetá, apenas 57; y la Quinta División, que cubre 369 municipios, tan solo 84 millones.
Incluso la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército cayó a su cifra más baja de presupuesto en seis años.
Por su parte, en la Policía la DIJIN perdió el 27% de su presupuesto; en Bogotá los recursos para la Fuerza Pública cayeron un 33%, en Cali un 47% y en Caquetá un 13%.
Para la Fuerza Aeroespacial, el panorama es igual de grave: su base principal perdió el 19% de los recursos y el presupuesto de control de armas y explosivos quedó reducido prácticamente a la mitad.
Es evidente: nuestra Fuerza Pública está siendo desangrada financieramente.
¿Y cuál es la consecuencia inmediata? Los grupos armados ilegales se expanden por el Cauca, el Catatumbo, Nariño y Arauca como dueños absolutos del territorio.
En las ciudades, la delincuencia común se dispara porque la Policía, también debilitada, no tiene ni respaldo ni recursos suficientes.
En las fronteras, Colombia ha perdido autoridad y respeto. Hoy el crimen está fortalecido porque este desgobierno ha decidido desnaturalizar a la Fuerza Pública, reducirla a una sombra de lo que fue y dejar a los colombianos expuestos a su suerte.
Y mientras la violencia crece, el Gobierno pretende maquillar la realidad asegurando que el presupuesto en Defensa creció en porcentaje del PIB (4,1% en 2025, una cifra récord).
Pero lo que no dicen es que el 79 % de esos recursos se van en gastos de personal: más sueldos, más uniformados, pero menos equipo, menos movilidad, menos inteligencia, menos capacidad real de combate.
No basta con inflar cifras; el problema es que en la práctica se está sacrificando la operatividad, la tecnología y la seguridad de los colombianos.
Este debilitamiento no es casualidad, es el resultado de una política de Estado que ha decidido culpar a los uniformados, convertirlos en sospechosos y ponerlos en el banquillo de los acusados, en lugar de honrarlos como los héroes de la patria.
Así, la moral de nuestros soldados y policías se debilita, mientras enfrentan como pueden al crimen en condiciones indignas.
Debilitar a las Fuerzas Armadas es abrirle las puertas a la anarquía. Es condenar al campesino a la extorsión, al comerciante al pago de vacunas, a las familias al miedo permanente.
Es una rendición disfrazada de política de paz. Y eso, como exministro de Justicia, debo decirlo con claridad: es una traición al mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los colombianos.
Colombia está en riesgo porque su gobierno decidió debilitar a quienes la defienden. Y si no se revierte este desastre, el crimen no solo ocupará nuestros territorios, también se robará nuestro futuro.
Cada peso que se les recorta es un terreno perdido. Cada operación que se frena es una comunidad condenada al miedo.
Cada silencio frente a esta política de desarme interno es complicidad con los criminales que hoy hacen fiestas aprovechando su camaradería con el gobierno.
Colombia no puede seguir aceptando este camino suicida. Nuestro país necesita, más que nunca, recuperar el rumbo y honrar a sus Fuerzas Armadas.
No se trata solo de presupuesto: se trata de dignidad, de respaldo político y de confianza en quienes han demostrado que están dispuestos a entregar la vida por la patria.