Competencias
Establecer con exactitud las atribuciones legítimas para determinar un asunto define si una autoridad es competente para solucionar esa cuestión. Por ello resulta extraordinario descubrir como en Colombia tal precisión no sucede.
El caso más emblemático para ilustrar este raciocinio es el estado de indefinición en el que se encontraba la elección de la Asamblea departamental del Valle. El CNE, autoridad que debió determinar hace días si procedía la demanda interpuesta por el candidato Duvalier Sánchez, nos había dejado en un limbo institucional al no resolver con pertinencia la acción legal, porque la ley no define los tiempos para resolver el reclamo.
Este caso es uno entre cientos de ocasiones en donde no existen las autoridades competentes o las leyes no son suficientemente precisas para resolver abusos y conflictos.
El código de tránsito tipifica que obstruir un garaje privado es una falta objeto de sanción pecuniaria, pero en Cali no existe autoridad para imponer esas sanciones. Tránsito no tiene suficientes funcionarios y la Policía nacional no tiene facultades.
La venta de Isagen comprueba como un ministro de Hacienda incompetente opta por feriar un bien preciado de la Nación, para salir al paso al déficit en las finanzas públicas. Ha habido serios reparos de los especialistas, además de alternativas diferentes a la venta las cuales se prefirieron ignorar. El congreso debería prohibir la enajenación de estos patrimonios por su carácter de únicos y así limitar las competencias de estos mediocres.
Unas cortes se extralimitan obstaculizando el trabajo de las otras, normas que entorpecen la buena gobernanza y autoridades sin competencia son el pan nuestro de cada día. ¿Hasta cuándo?