Crece polémica por la dosis mínima
Colombia además de tener el lamentable rótulo de ser uno de los principales productores de cocaína, se convirtió en país consumidor.
El consumo de estupefacientes aumentó desde la despenalización del porte de la dosis mínima, decisión adoptada por la Corte Constitucional en 1994.
“Antes era poco usual ver personas consumiendo marihuana o basuco en sitios públicos y cuando las había, eran mal vistas y generaban cierto rechazo por parte de la comunidad… ahora es normal la venta en cualquier lugar, se volvió un tema cotidiano, lo que ha permitido que los muchachos consuman en todas las reuniones, fiestas y manifestaciones sociales”. De esta manera se expresaba una persona que conocí recientemente, quien calificó como un infierno la situación de su hogar con un hijo drogadicto.
La discusión sobre la legalidad del porte de la dosis mínima es pertinente. No podríamos pensar en penalizar y mandar a la cárcel a quienes consumen alucinógenos, pero sí atacar a los expendedores.
Un adicto debe ser tratado como un enfermo, pero tampoco se pueden entregar las calles a quienes se enriquecen con ese negocio, dejándolos actuar libremente.
El tratamiento debe ser integral, con asistencia médica y sicológica para el adicto y acciones policivas contra de los traficantes.
Las causas del incremento del consumo no son exclusivas de la despenalización de la dosis mínima, son una serie de circunstancias que abarcan desde lo social hasta la efectividad de las autoridades, por eso otorgar facultades a la Policía para decomisar sustancias psicoactivas puede ser una de las tantas medidas que debe adoptar el Estado para combatir el microtráfico.