Crisis carcelaria
Desde ayer está en operación reglamento el sindicato de guardianes del Inpec en todo el país en protesta por el hacinamiento en las cárceles. No es para menos, en el caso de Cali por ejemplo, la cárcel de Villahermosa tiene capacidad para albergar 1700 internos y actualmente se acercan a los 6000.
El detonante para esta protesta es que, según el sindicato, en el presupuesto de la nación para el 2015 tampoco se apropiaron los recursos necesarios para solucionar el problema carcelario.
Es deplorable que en este como en muchos otros casos, las crisis se vuelven problemas estructurales y el país se va acostumbrando a ellos sin que se tomen medidas efectivas para solucionarlos. Es claro que el problema es de recursos.
Si bien es cierto que los presupuestos en nuestro país son limitados frente a la magnitud de sus necesidades, también es cierto que la priorización en la asignación de los mismos es precaria y politizada. Construir cárceles o nombrar internos no da votos, por eso no vemos a ningún líder jalonando esta iniciativa.
La crisis carcelaria no parece importarle a muchos como si la vieran como un problema de los reclusos y de su calidad de vida. Para salir de este atolladero y priorizar este asunto es necesario que lo conectemos con la seguridad ciudadana.
¿Qué impacto en la vida de todos tiene que las autoridades no tengan centros de reclusión a donde llevar a los detenidos? En el largo plazo, ¿cuáles son las consecuencias de que no podamos resocializar a los delincuentes? La crisis carcelaria y, más allá, las deficiencias en la política criminal del país son temas que deberían debatirse con mayor profundidad.
En vísperas de la posesión del presidente para su segundo mandato vale la pena que Colombia reflexione sobre las reformas estructurales que debe emprender.