Cuando el árbitro electoral empieza a censurar
Hay decisiones que trascienden lo administrativo y se convierten en señales de alarma para toda una democracia.
Lo ocurrido esta semana en el Consejo Nacional Electoral es una advertencia institucional gravísima en uno de los momentos más tensos y polarizados que ha vivido Colombia en los últimos años.
A menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, y con el país dividido, incendiado políticamente y sumido en una profunda desconfianza institucional, una magistrada del CNE decidió cruzar una línea extremadamente peligrosa: utilizar el poder administrativo para restringir la circulación de información electoral.
La decisión contra AtlasIntel y Semaa no solo genera dudas jurídicas; deja la sensación de que el árbitro electoral colombiano empieza a asumir funciones de censor.
La actuación de la magistrada Márquez deja abiertas preguntas extremadamente serias sobre el alcance del poder del CNE y sobre el respeto mínimo por el debido proceso y el principio de legalidad.
En ningún aparte de la normatividad electoral colombiana existe la facultad para que un magistrado, de manera unilateral y bajo argumentos de “urgencia”, suspenda una firma encuestadora o silencie la difusión de información periodística.
Esa competencia corresponde exclusivamente a un juez de la República, mediante un proceso judicial formal y con garantías constitucionales.
El Consejo Nacional Electoral nació para ofrecer garantías, no para convertirse en un árbitro político de qué información puede circular durante una campaña.
Sin embargo, decisiones como esta terminan proyectando exactamente lo contrario: un organismo que parece actuar bajo presión política en un momento de máxima sensibilidad electoral.
Las democracias no empiezan a erosionarse únicamente con golpes abruptos o rupturas visibles.
También se deterioran lentamente cuando las instituciones comienzan a expandir arbitrariamente sus competencias y a restringir libertades bajo argumentos aparentemente técnicos.
Lo más delicado es el precedente. Hoy es AtlasIntel y SEMANA. Mañana podría ser cualquier medio, cualquier periodista o cualquier información incómoda para el poder político de turno.
Por eso este caso trasciende por completo la discusión sobre metodologías o encuestas electorales. Aquí lo que está en juego es el límite entre la autoridad legítima y el abuso institucional.
Resulta además imposible ignorar el contexto político en el que ocurre esta decisión.
Colombia vive una campaña marcada por ataques a los medios, cuestionamientos permanentes a las instituciones, presiones sobre organismos electorales y un discurso cada vez más agresivo contra quienes contradicen ciertas narrativas políticas.
Porque cuando en una democracia el poder administrativo comienza a comportarse como censor político, el problema ya no es electoral. El problema es institucional.