Cuentas por pagar
La realidad jurídica del Estado colombiano es cada vez más compleja, como resultado de los más de 400.000 procesos vigentes en contra de la Nación. Una cuota significativa de la alta litigiosidad que se registra en el país la aporta el conflicto armado que por más de 50 años han protagonizado grupos guerrilleros, autodefensas, narcotráfico y bandas de delincuencia.
Otro factor importante es la falla en el servicio de los servidores públicos y las providencias, particularmente de las altas cortes, que crean nuevas categorías de obligaciones para las entidades.
Cada día sin sufragar las deudas por la declaratoria de responsabilidad de la Nación la cifra crece. Es como un taxímetro que solo deja de marcar cuando se cancela la totalidad de la obligación. El Gobierno anunció la apropiación de recursos para liquidar las cuentas por concepto de fallos ejecutoriados, con el propósito de frenar el incremento del monto de esas cuantías, pero el Ministerio de Hacienda no ha hecho los desembolsos, permitiendo que con el transcurso del tiempo se hagan impagables.
El dinero reconocido en las providencias que ponen fin a los procesos o que aprueben las conciliaciones empieza a generar intereses de mora desde su ejecutoria. Demandar a la Nación es una de las prácticas del derecho con mayor expectativa de lucro.
En el año 2018 fueron presentadas ante los jueces 125.000 nuevas demandas, sumadas a las que ya estaban en los inventarios de los despachos judiciales. Falta celeridad en la solución de este tema porque de no actuar, el problema crecerá a cifras inmanejables. Ya hubo una disposición presupuestal para esos pagos pero no se entiende cómo no se destinan los recursos mientras las deudas generan intereses diariamente.