Defensas ciudadanas: entre la urgencia de la seguridad y los fantasmas del pasado
La propuesta de crear “defensas ciudadanas” —o bloques de defensa urbana— anunciada por Abelardo de la Espriella en su primera alocución como presidente electo, llega en un momento en el que la seguridad ciudadana es, sin duda, uno de los temas más críticos para el país.
Colombia enfrenta un deterioro profundo en la percepción y en la realidad de la seguridad, no solo en zonas rurales históricamente golpeadas por la violencia, sino en la vida cotidiana de millones de ciudadanos que sienten que el Estado ya no logra protegerlos.
La situación del Valle del Cauca es especialmente grave en ciudades como Cali, que desde hace años carga con el título no oficial de ser la ciudad principal más peligrosa del país.
La criminalidad desbordada, la presencia de economías ilegales y la fragmentación de la autoridad han convertido la vida urbana en un ejercicio permanente de supervivencia.
Lo mismo ocurre en ciudades intermedias de enorme importancia estratégica como Tuluá, Palmira, Buenaventura y Jamundí, donde la violencia se ha vuelto un fenómeno cotidiano que afecta la actividad económica, la movilidad, la convivencia y, en últimas, la calidad de vida de sus habitantes.
En ese contexto, es comprensible que el nuevo presidente busque alternativas para enfrentar un problema que ya no admite paños de agua tibia.
Sin embargo, la propuesta de defensas ciudadanas exige una cautela quirúrgica. Colombia ya vivió episodios amargos en los que, bajo la premisa de “ayudar al Estado” o “proteger a las comunidades”, se abrieron las puertas a la creación de autodefensas que terminaron convertidas en uno de los mayores martirizadores de la población rural y urbana.
Lo que comenzó como una respuesta a un flagelo terminó siendo un monstruo que produjo desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, masacres y la estigmatización de comunidades enteras.
La historia no puede repetirse. Combatir la delincuencia desbordada exige un cambio de estrategia, sí, pero también una comprensión profunda de los límites constitucionales del uso de la fuerza.
El Estado debe ser —sin ambigüedades— el único garante del ejercicio legítimo de la fuerza, el dueño absoluto y monopólico de las armas que circulan en el territorio nacional.
Cualquier iniciativa que toque ese terreno debe estar rodeada de claridad, controles estrictos y límites infranqueables.
Si el objetivo es fortalecer la seguridad urbana, el camino pasa por dotar a las Fuerzas Militares y a la Policía de tecnología, capacidades estratégicas y logística de alto nivel, así como por brindar soporte jurídico y capacitación permanente a todos sus miembros.
La seguridad no se improvisa: se construye con instituciones fuertes, profesionales y respetuosas de la Constitución.
La ciudadanía puede colaborar, sí, es más, es necesario que contribuya en la construcción de un esquema organizado de seguridad, pero nunca debe reemplazar a la fuerza pública en tareas que, por definición, son exclusivas del Estado.
Por eso, el presidente electo debe ser absolutamente claro en el alcance de esta estrategia de defensa urbana.
¿Qué pueden hacer estas defensas? ¿Qué no pueden hacer? ¿Cómo se evitará que se conviertan en grupos armados paralelos? ¿Qué controles civiles y judiciales tendrán? ¿Cómo se garantizará que no haya infiltración de actores ilegales? ¿Qué mecanismos impedirán que terminen siendo instrumentos de retaliación o de estigmatización? Las preguntas no son menores: son la diferencia entre una política de seguridad y un riesgo institucional.
Colombia necesita recuperar la autoridad del Estado, reconstruir la confianza en la fuerza pública y enfrentar la criminalidad con decisión.
Pero también necesita evitar repetir errores que ya costaron miles de vidas.
La seguridad no puede ser excusa para abrir puertas que luego no se pueden cerrar.
El país exige soluciones, sí. Pero soluciones responsables, constitucionales y con memoria histórica.
La delincuencia no se combate con improvisación ni con estructuras paralelas, sino con instituciones fuertes, profesionales y legitimadas.
Ojalá el nuevo presidente sea consciente de ello. Porque si a él le va bien en este desafío monumental, a todos los colombianos nos va bien.