Del miedo a la denuncia: el enemigo silencioso que fortalece la extorsión
La extorsión se ha convertido en el combustible financiero que alimenta múltiples economías ilegales. No es un delito aislado ni episódico, es un impuesto criminal que financia redes, sostiene estructuras delictivas, diversifica rentas ilícitas y permea territorios.
Quien quiera comprender el fenómeno debe partir de una premisa fundamental, la extorsión no es un hecho, es un ecosistema criminal.
Sus lógicas se articulan con el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de migrantes e incluso con economías aparentemente lícitas que sirven para el lavado y la legitimación de capitales.
Su naturaleza transnacional rompe los marcos tradicionales con los cuales se solían estudiar los delitos. La extorsión no ocupa territorios ni vulnera fronteras físicas, pero sí relativiza su valor.
No amenaza la soberanía en el sentido clásico, pero sí desestabiliza la vida social, económica y emocional de miles de personas.
Su afectación principal se concentra en la ciudadanía, en los comerciantes, en los trabajadores formales e informales, en quienes sostienen la economía de un país.
Aunque no sea un ataque directo a los Estados, los obliga a reforzar sus capacidades y a profundizar la cooperación internacional, pues las redes extorsivas trascienden jurisdicciones y aprovechan vacíos legales y tecnológicos para delinquir.
Frente a ello, la prevención y la anticipación se convierten en pilares estratégicos. La prevención implica actuar sobre las condiciones, causas y riesgos que facilitan el delito, las vulnerabilidades institucionales, la ausencia del Estado en ciertos entornos, la desinformación o el desconocimiento de las rutas de denuncia.
La anticipación, por su parte, consiste en adelantarse a la ocurrencia mediante la detección temprana, la lectura oportuna de alertas, la inteligencia humana y tecnológica, y una coordinación ágil que permita interrumpir ciclos y redes antes de que generen daño.
Sin embargo, el mayor obstáculo no está siempre en las capacidades institucionales, sino en las percepciones ciudadanas. Existe un umbral del temor que impide denunciar.
Las víctimas suelen enfrentar un miedo presente, marcado por amenazas directas, presión y hostigamiento; un miedo futuro, ligado a la posibilidad de represalias tras denunciar; y un miedo creciente, que es el más peligroso, cuando la incertidumbre va anulando la objetividad y deteriorando el juicio. Cuando ese miedo se consolida, la extorsión se normaliza, se invisibiliza y se multiplica.
De ahí surge la necesidad de fortalecer el “triángulo de confianza” Estado –Comunidad– Fuerza Pública. Esta relación debe sostenerse en legitimidad, cercanía, efectividad y confianza.
La confianza no se impone ni se exige, se construye, se edifica con resultados, con cercanía, con acompañamiento a las víctimas, con respuestas rápidas y con presencia territorial permanente.
La Fuerza Pública debe actuar con respaldo social, porque sólo cuando los ciudadanos confían denuncian, de esta forma se visibiliza el delito para que las autoridades actúen con inmediatez.
Superar el miedo a denunciar, es un reto de legitimidad, el reto es romper la lógica del temor y remplazarla por una decisión compartida, puesto que denunciar no es una decisión individual es un acto colectivo de defensa social.
El silencio no es neutral, fortalece a quien amenaza y debilita a quien produce, la única forma de revertir esa tendencia es denunciando y fortaleciendo la confianza en las instituciones, de lo contrario ninguna estrategia será suficiente.