Desobedecer no es oposición
La desobediencia civil tiene un lugar legítimo en las democracias. La historia demuestra que, en circunstancias excepcionales, ha servido para enfrentar injusticias evidentes.
Gandhi la convirtió en un instrumento de resistencia pacífica. Martin Luther King la utilizó para combatir la segregación racial. Sin embargo, su esencia siempre fue la misma.
Se ejerce frente a una decisión concreta considerada injusta. No es una invitación a desconocer todo un gobierno.
Por eso resulta preocupante escuchar llamados a la desobediencia civil incluso antes de que un nuevo presidente asuma el poder.
¿Qué se pretende desobedecer? ¿Una ley inexistente? ¿Una decisión que aún no ha sido tomada? ¿O simplemente a un mandatario porque no compartimos sus ideas? La democracia ofrece mecanismos para ejercer oposición.
El Congreso, los jueces, los organismos de control y las urnas existen para canalizar las diferencias.
Colombia conoce demasiado bien las consecuencias de los discursos que invitan a desconocer la autoridad.
Durante los últimos años vimos cómo protestas legítimas terminaron infiltradas por la violencia, el vandalismo y los bloqueos. Los principales afectados no fueron los gobiernos.
Fueron los ciudadanos. Comerciantes quebrados, trabajadores sin empleo y estudiantes sin clases pagaron el costo de un país paralizado.
La oposición es indispensable. También lo es el derecho a la protesta. Ambos deben ejercerse con responsabilidad.
Convocar a hacer inviable un gobierno antes de conocer sus decisiones no es un acto de resistencia democrática.
Es una apuesta por el fracaso colectivo. Quien promueve ese camino olvida que un país no se detiene solo para castigar a un presidente.
También se detiene para millones de ciudadanos que necesitan trabajar, estudiar y vivir en paz.
La desobediencia civil debe ser un recurso excepcional frente a hechos concretos, nunca una estrategia permanente para desconocer la voluntad expresada en las urnas.