Desorden social
Colombia es un Estado Social de Derecho o por lo menos eso es lo que dicta su Constitución política, un Estado en el cual la prevalencia de los derechos de sus ciudadanos está en la prioridad del accionar del Estado mismo.
Sin embargo, en este país todos somos conscientes que esas prosas dirigidas al “resguardo de los derechos de los individuos”, no se llevan a cabo debido a la debilidad propia del aparato estatal, una debilidad que se ve reflejada en el incumplimiento de la preservación garantista del derecho más básico pero a su vez más importante: la vida.
Es tanta la ineficiencia del Estado colombiano para la preservación de derechos, que de acuerdo a la Policía Nacional, en 2021 se presentaron en el país 13.709 homicidios, con el agravante de contar con una tasa de impunidad que en los últimos cinco años, de acuerdo a INDEPAZ, ronda el 93% de los casos.
No siendo de por sí esta cifra absolutamente escandalosa, el Estado colombiano ha sido incapaz de impedir o disuadir el cometimiento de masacres en su territorio, algo que viene descontroladamente dejando su estela de terror y que al 31 de octubre de 2022, ya se habían cometido 87 masacres generando sensaciones de desprotección de la población.
Pero la inacción del Estado no solo se ve reflejada en las cifras referidas a los actos delictivos, también se puede percibir en el diario vivir de las poblaciones urbanas y rurales de toda la geografía nacional.
Cuando hay un Estado débil, generalmente la población que habita en su territorio, tiende paulatinamente a dejar de creer en él y en su accionar, y este deja de ejercer su rol disuasivo y de control del colectivo, por lo tanto se empieza a generar una espiral de anarquía social.
Si a esta debilidad se le suma la impresión en exceso de aspectos procedimentales para el ejercicio del control y la autoridad estatal, inevitablemente se desemboca en la ya mencionada anarquía.
Diariamente vemos como los “ciudadanos”, como se dice coloquialmente, le “miden el aceite” al Estado colombiano y no hay respuesta efectiva y contundente por parte de este.
Le “miden el aceite” al no respetar por lo menos las mínimas normas de convivencia, como por ejemplo, el cumplimiento de las normas de tránsito, al no darle un buen uso a los sistemas de transporte público e incluso los agentes de autoridad han visto amenazada en innumerables ocasiones su integridad física, pues ya no hay respeto ni hay consecuencias graves para quienes atenten en contra de ellos.
Muestra de esto es lo vivido en distintas ciudades del país el pasado 31 de octubre, fecha en la que se presentaron desmanes y desafíos abiertos a la autoridad del Estado, mostrando una radiografía de esa latente debilidad institucional que atraviesa el país.
Hay que ser claros, quienes ejercen la autoridad no son las instituciones, son seres humanos que representan a las mismas, funcionarios que actualmente no tienen ninguna motivación para el ejercicio efectivo de sus labores, ya que el Estado y sus legisladores, parecen haber perdido el sentido de lo que es un Estado garantista de derechos, pues la normativa en los últimos años parece ser más flexible con el infractor que con el servidor público que vela por su cumplimiento.
Es tal la situación, que actualmente en muchos sectores se tiene la percepción que es más grave cuando un actor que ejerce autoridad genera una agresión, en algunos casos defensiva, en contra de un posible infractor, que cuando un ciudadano agrede la integridad de un agente del Estado.
Si soñamos con tener un Estado que realmente tenga la capacidad de protección de derechos y que dejemos de tener más de 13 mil muertes violentas al año, se debe empezar por lo más sencillo, el ejercicio real de autoridad que comience a sembrar la sensación que el territorio se encuentra bajo el control institucional.
Es necesario contar con un Estado fuerte, que pueda ejercer autoridad y que a su vez sea eficiente y transparente en su entramado institucional para la protección de derechos, porque no se puede olvidar que los derechos de un individuo terminan cuando empiezan los de los demás, si no se disuaden a los potenciales infractores, no se podrán garantizar los derechos y seguiremos cayendo en esa espiral que solo conduce al desorden social.