Dictadura indígena
Es inconcebible que siga haciendo carrera en el país que algunas de las comunidades indígenas legalmente reconocidas por el Estado invadan tierras, bloqueen carreteras o impidan la prestación de un servicio público.
Si bien es cierto estas comunidades tienen la protección legal, no pueden seguir cometiendo abusos, causando terror y zozobra cuando ocupan la propiedad privada, torpedeando el libre desarrollo productivo o inmovilizando a miles de ciudadanos que observan impotentes los desmanes a que son sometidos por un grupo poblacional, que argumentando la supuesta “propiedad ancestral” o el reclamo de derechos adquiridos afectan la tranquilidad pública y perjudican a empresarios, comerciantes, campesinos y comunidad en general, que ven afectado el legítimo ejercicio de sus derechos fundamentales.
Los indígenas tienen la oportunidad para un diálogo abierto y sereno, al mismo tiempo que a ser escuchados por las autoridades civiles y militares, pero el gobierno nacional no puede permitir más desmanes de quienes hoy en su gran mayoría han sido reconocidos como etnias y, por tanto, están recibiendo un tratamiento preferencial con jurisdicción especial y beneficios estatales y deben ser respetuosos de la Constitución y de la ley.
Entiendo que debe respetarse y protegerse la diversidad étnica de la nación, pero no estoy de acuerdo con la “dictadura indígena” que debemos padecer por la intransigencia de algunos sectores que pretenden por la fuerza obtener mayores beneficios de los ya logrados, comprendiendo también que las aspiraciones de promoción social y desarrollo económico son legítimas y deben ejercerse a través de los canales institucionales establecidos para tal fin, no convertirse en un mecanismo de presión indebido para el presidente Petro, quien ha sido generoso con los estamentos indígenas y ha extendido siempre su “mano generosa” para atenderlos y escuchar sus anhelos y reclamos sociales.
La diversidad cultural y étnica es el reconocimiento del país de una condición especial dentro de un ámbito propio del que las autoridades indígenas no pueden valerse para transgredir las normas establecidas por el Estado social de derecho ni usurpar las funciones de las autoridades competentes ni mucho menos poner en jaque la institucionalidad.
El Ministerio del Interior debe poner en “cintura” estas manifestaciones al margen de la ley que alteran el orden e impiden el ejercicio de las actividades comerciales, industriales y económicas de una nación que quiere vivir libremente y en paz.
Debe regir el orden y la autoridad sin “dictaduras” sociales o etnicas de ninguna clase.