El Cargamento de la discordia: ¿por qué se desató la guerra en el Catatumbo?
La región del Catatumbo, ubicada en el Norte de Santander, ha sido históricamente un territorio convulsionado por la violencia, pero en los últimos días, la situación ha alcanzado niveles alarmantes. A raíz de un hecho particular, la pérdida de un millonario cargamento de cocaína a finales de 2024, las aguas ya turbulentas de este rincón del país han estallado en una guerra abierta entre grupos armados, que ha dejado al menos 100 muertos y más de 36.000 desplazados forzados, según cifras de la Defensoría del Pueblo.
La raíz de esta nueva escalada de violencia tiene una explicación concreta: el fracaso de un acuerdo criminal que existía entre el Frente 33 de la disidencia de las Farc y el ELN, dos actores que, a pesar de sus diferencias ideológicas, encontraron un terreno común en el tráfico de cocaína.
Según un informe de inteligencia, “Richard”, uno de los principales subalternos de alias Andrey, jefe de la disidencia de las Farc, había negociado un pacto con el ELN para que ambos grupos pudieran mover sus cargamentos de cocaína por la misma ruta a través de Venezuela sin interferencias.
Sin embargo, a finales de noviembre, ese acuerdo se rompió cuando uno de los envíos desapareció, desatando una cadena de desconfianza y violencia entre los involucrados.
La ruptura del pacto criminal culminó el pasado 12 de enero con el asesinato de alias Catre o “El Calvo”, líder del frente Juan Fernando Porras del ELN, y, poco después, con una serie de atrocidades, como la masacre de Miguel Ángel López, un sepulturero local, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de 9 meses. Estos crímenes marcaron el punto de no retorno, desatando la guerra sin cuartel que hoy se vive en la región.
La respuesta del gobierno no se hizo esperar. El presidente Gustavo Petro, ante la magnitud de la crisis, decretó el pasado 20 de enero un estado de conmoción interior para el departamento, con el fin de intentar restaurar el orden público.
La medida incluye, además, una emergencia económica, buscando frenar la expansión de la violencia y recuperar el control sobre un territorio donde el narcotráfico sigue siendo el principal motor de la guerra. A esta intervención se suma un llamado al poder judicial para que se involucre de forma más activa en la resolución del conflicto.
La violencia desatada en el Catatumbo evidencia, una vez más, cómo el narcotráfico se ha convertido en el principal factor desestabilizador del país, siendo capaz de romper alianzas y generar nuevos ciclos de violencia sin importar la ideología de los actores involucrados.
Mientras el gobierno intenta tomar las riendas de la situación, lo que está claro es que, sin una estrategia integral que ataque las raíces del narcotráfico, esta guerra tendrá un alto costo social y humano, que continuará arrastrando a miles de víctimas inocentes en su camino.