El costo de la violencia
El 21 de agosto de 2025, dos cargas explosivas lanzadas desde un camión estallaron en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez en Cali.
El saldo fue de siete muertos y más de setenta heridos. El golpe llegó cuando aún no nos reponíamos de los atentados de junio, confirmando que no son hechos aislados: este año Cali y el Valle han sufrido ocho atentados, el 16% de los de alto impacto en el país.
Detrás de las cifras hay familias fracturadas, madres desconsoladas, niños huérfanos y hogares en duelo. Ese es el primer y más grave impacto del terrorismo: el humano.
A partir de allí se multiplican pérdidas materiales y psicológicas, con efectos directos en la confianza de la gente para tomar decisiones de empleo, compra o inversión.
La seguridad, entendida como derecho y bien público esencial, se convirtió en la principal víctima de este atentado.
Los problemas de inseguridad de Cali no son nuevos; confluyen narcotráfico, minería ilegal, contrabando y economías criminales que han sembrado violencia durante años.
Pero lo de 2025 marca un hito: una ola de ataques que devuelve a la ciudad a un ambiente de miedo e impotencia, debilitando la confianza básica de caminar tranquilo por las calles.
Las pérdidas materiales son también graves. El atentado dañó 172 predios, con un costo estimado de nueve mil millones de pesos en reparaciones.
Hablamos de techos y fachadas reventadas, vehículos destruidos e inventarios arruinados. Muchos de estos bienes aún estaban siendo pagados, lo que convierte la tragedia en doble: familias que deben responder por deudas de algo que ya no tienen.
En el frente empresarial, la Alcaldía caracterizó 26 locales de la zona y encontró pérdidas directas por 8.090 millones y 341 empleos asociados.
Se estima que en total hubo más de 70 comercios afectados, con pérdidas cercanas a 15 mil millones y hasta mil empleos comprometidos.
Este atentado no solo hirió a personas, también dejó sin sustento a cientos de familias, y aunque se reparen muros y vitrinas, recuperar la confianza del consumidor será mucho más difícil.
El golpe alcanzó a toda la economía de la ciudad, en especial al turismo y la proyección internacional.
Cali venía consolidándose como destino de eventos y negocios, pero la explosión del 21 de agosto truncó esa imagen.
Se cancelaron al menos siete eventos internacionales y numerosas reservas hoteleras, lo que provocó una caída de 16% en la ocupación el fin de semana siguiente.
La alerta de viaje emitida por Estados Unidos para Cali y el Valle remató el golpe a la reputación. La percepción de riesgo encarece seguros, espanta a los clientes y lleva a promotores a cancelar actividades.
La reconstrucción de confianza tarda más que reparar una fachada, y sus efectos se sienten en la estabilidad de empresas y empleos.
No en vano el BID calcula que la inseguridad le cuesta a América Latina varios puntos del PIB, y la literatura internacional confirma que tras cada ataque la demanda turística tarda meses en recuperarse.
Ante este panorama, la ruta no puede ser la indignación vacía ni la resignación. Las víctimas deben estar en el centro con reparación rápida de predios, ayudas a familias y apoyo psicosocial.
La campaña “Todos unidos porque Cali y el Valle lo valen”, liderada por las fuerzas vivas de la ciudad y apoyada por Alcaldía y Gobernación, es un buen paso para movilizar la solidaridad valluna en ausencia de mecanismos públicos inmediatos.
Pero los comercios necesitan más: liquidez para reparar y reabrir, líneas de crédito blandas, capital semilla y alivios tributarios.
Recuperar la confianza del consumidor es clave para que el Valle alcance su potencial como referente en cultura, innovación y competitividad.
Esto exige acciones coordinadas entre Gobierno Nacional, Gobernación y Alcaldía. Recuperar el control de los territorios rurales es vital, pero también garantizar seguridad urbana en corredores estratégicos, zonas turísticas y áreas empresariales.
Cali no puede defenderse con apenas 300 policías por cada 100.000 habitantes ni con una estrategia basada solo en pie de fuerza.
Se necesitan más tecnología, inteligencia y recursos nacionales para judicializar responsables y desarticular redes criminales.
Finalmente, la imagen de una ciudad no se recupera sola. Urge una estrategia clara de comunicación internacional que devuelva confianza a inversionistas y visitantes.
Pero la reputación también se reconstruye mostrando resultados: la reapertura de comercios, la preservación de empleos y la recuperación de la vida cotidiana en los barrios afectados.
Con transparencia y un seguimiento público de los avances, la ciudad puede demostrar que no cae en el juego de los violentos.
El terrorismo busca normalizar el miedo. La respuesta adecuada es humanizar la estadística, reparar a tiempo, sostener al comerciante y volver a abrir las persianas del barrio.
Cali ya ha resistido noches largas, y aunque la economía sangra cuando la gente lo hace primero, la confianza y la actividad regresan si se cuida a los heridos, se protegen empleos y se demuestra control del territorio.
La dignidad va primero; los números la siguen.
@edwinhmaldonado