El gran ausente en la planeación territorial

La movilidad en las ciudades es uno de los principales problemas en el mundo, dado que tiene consecuencias económicas, sociales, sanitarias y medioambientales negativas y degrada el entorno natural y construido.

El problema se focaliza principalmente en las zonas urbanas, dado que hoy día estas constituyen hoy el entorno vital de la mayoría de la población, por lo cual es indispensable que la calidad de vida en ellas sea lo más alta posible.

Colombia nos se sale de este parámetro y se evidencia cómo las ciudades constituyen el principal motor de desarrollo, atraen la inversión, concentran el empleo y son indispensables para el correcto funcionamiento de la economía.

Una parte de la calidad de vida de las personas radica en poder acceder a bienes y servicios según su preferencia, por eso, prácticamente todas las empresas están enfocadas en satisfacer las necesidades de la población.

Algunas lo hacen directamente con el consumidor final y otras indirectamente al vender insumos y servicios intermedios a empresas que llegan al consumidor; es decir, la razón de ser de las empresas es la gente.

Gente ubicada principalmente en las zonas urbanas, lo cual constituye el eslabón final de la cadena de suministro.

El Valle del Cauca es el tercer de departamentos con mayor porcentaje de población viviendo en zonas urbanas, con el 85.6% de los vallecaucanos viviendo en las cabeceras municipales, mientras que solo 14.4% viven en centros poblado o áreas rurales.

A diferencia de otros departamentos donde el consumo se concentra en la capital, somos un departamento de ciudades.

El Valle es el departamento con el mayor número de ciudades que cuentan con más de 100.000 mil habitantes, con 8 ciudades que concentran el 81% de la población y el 84% del PIB departamental.

Esto representa un mercado muy importante y es razón suficiente para analizar y debatir, desde distintos estamentos, perspectivas de acción y metodológicas, las tendencias actuales que sustentan la gobernabilidad urbana y su incidencia en el normal funcionamiento de la cadena de suministro, que a su vez incide directamente en la productividad de las empresas y la competitividad de la región.

Resulta importante que este análisis de gobernabilidad urbana cobije el siguiente hecho: actualmente, 31 de los 42 municipios del Valle deben actualizar su Plan de Ordenamiento Territorial – POT – y uno de los factores más importantes para el desarrollo económico de una ciudad o región, es precisamente la efectividad de un sistema adecuado de transporte y movilidad. No obstante, resulta común que la movilidad se vea desde la perspectiva de las personas y no de la carga, que también es algo que se debe movilizar en las ciudades, pues siempre va a ser necesario abastecer a la población de bienes.

En este punto entra en juego la seguridad alimentaria, aspecto fácilmente afectado por las rupturas de las cadenas de suministro, bien sea por efectos del COVID, un paro nacional o, como lo estamos viviendo actualmente, con el derrumbe de la vía Panamericana.

Dada la importancia que tiene el abastecimiento en los hogares, es de máxima relevancia que el ordenamiento integral incorpore un esquema planeación regional de transporte que permita la conexión de todos los municipios del Valle, en especial Cali como ciudad – región y su área metropolitana, dado que está inmersa en las tendencias globales de suburbanización y el crecimiento urbano disperso que llevan a una ordenación del territorio caracterizada la segregación espacial en las ciudades metropolitanas, tendencia que se ha acelerado luego del COVID-19, generando dispersión de las viviendas, lugares de trabajo, servicios sociales y espacios para el ocio; todo esto conlleva a un incremento de la demanda de transporte.

Dada de esta demanda de transporte, la logística urbana de mercancías no puede ser un tema menor que figure en los Planes de Ordenamiento Territorial de forma general, sin lineamientos claros dentro una concepción global de su problemática. Se debe entender que la logística del transporte de mercancías tiene una dimensión urbana, dado que la distribución en las zonas urbanas requiere interfaces eficaces entre el transporte de larga distancia y la distribución de corta distancia al destino final, y por tanto, cualquier política de movilidad urbana, tanto de pasajeros como de mercancías, debe abordar el transporte de manera integral, en lo que respecta a sus implicaciones sociales, económicas, ambientales y espaciales.

Por consiguiente, esta concepción integral debe permitir plantear, ejecutar y evaluar soluciones, identificando oportunamente los aspectos que afectan la movilidad y teniendo en cuenta aspectos como la informalidad del transporte y su impacto, el bloqueo de vías públicas, factores políticos que en algunos casos han introducido medidas que podrían verse pertinentes pero con impacto social negativo, puesto que no solo generan costos a las empresas, afectando también al consumidor final y la sociedad general.

Aunque es cierto que las consecuencias negativas del transporte de mercancías a través de las zonas urbanas deben tratarse, estas deberían ser reducidas con medidas técnicas y de planificación concertadas con el sector privado y la comunidad, sin restricciones de tráfico improvisadas.

Verbigracia, la limitación de la distribución en la ciudad a vehículos más pequeños genera sobrecoseos que se trasladan al ciudadano que los compra; factores como la restricción de tránsito de vehículos pesados, reordenamiento de vías, nuevas obras, Pico y Placa, entre otros, son básicamente acciones de responsabilidad pública ya sea por la ejecución o control de la acción, que pueden llegar a perjudicar la movilidad de la ciudad si no se tienen en cuenta todos lo actores afectados.

En las ciudades del Valle, el suministro de productos y servicios “justo en el momento” genera un incremento del transporte de bienes y personas.

Como fruto del auge turístico de la región, se ve un aumento constante de los flujos de mercancías para hoteles, bares, restaurantes y comercios en general, mientras se está quedando rezagada la construcción de infraestructura necesaria para afrontar ese aumento, y tropezando con obstáculos importantes relacionados con la falta de espacio y las condiciones medioambientales.

Por ende, los desafíos que resultan del incremento de la movilidad en nuestras ciudades serán un reto para los próximos mandatarios locales que tendrán la tarea de reducir las repercusiones negativas de la congestión, al tiempo que deberán garantizar el correcto funcionamiento de la cadena de suministro.

Sin embargo, el reto más grande se encuentra en Cali, donde se debe revisar la infraestructura urbana como las carreteras, los carriles exclusivos para bicicletas, el carril exclusivo del MIO, el futuro tren de cercanías, los autobuses y los espacios públicos, los parqueaderos, las paradas de transporte público, las terminales, entre otros.

Adicionalmente, resulta esencial revisar las conexiones eficaces dentro de la ciudad con las regiones colindantes, entre las redes urbanas y las interurbanas con las redes nacionales de transportes.

Esto solo puede lograrse mediante una coordinación equilibrada de la ordenación del territorio y un planteamiento integrado de la movilidad urbana que sea incluyente, para que las decisiones sean tomadas políticamente con información clara y con la participación de la comunidad, dado que en la materialización de los instrumentos de política en situ, pueden surgir contradicciones entre los objetivos de una movilidad socialmente compatible, proclive al medio ambiente y promotora de la economía, para lo cual es necesario fijar prioridades y convencer a la comunidad de la necesidad de tales resoluciones.

Soy un convencido de que es posible, dentro del marco del desarrollo sostenible, conciliar el desarrollo económico de las ciudades, su competitividad y su accesibilidad, con la mejora de la calidad de vida y la protección del medio ambiente.

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