El precio del castigo: cómo Petro desprecia al Valle
El Valle del Cauca es un departamento que le aporta a Colombia: produce, comercia, exporta, genera empleo y paga impuestos.
Representa cerca del 9,5 % del PIB nacional, aporta el 13,8 % del valor agregado industrial, concentra el 12 % de las exportaciones del país, recauda el 33 % de los ingresos aduaneros —más de $7 billones anuales— y moviliza el 34 % de la carga nacional.
Es una plataforma estratégica para el comercio exterior, la manufactura, la agroindustria y la logística.
También es una región que respaldó al presidente Gustavo Petro con una votación significativa, lo que hacía pensar que recibiría un apoyo institucional como nunca antes.
Pero, a cambio de ese respaldo, lo que ha recibido es abandono, estigmatización e incluso represalias. El desprecio del Gobierno Nacional hacia el Valle no es simbólico: es institucional, económico y político.
El caso más reciente es el de la Zona Franca Palmaseca, donde operan más de 70 empresas que generan más de 7.000 empleos y canalizan inversiones por más de $46.000 millones.
El Gobierno, a través del Ministerio de Comercio, está modificando de forma arbitraria las condiciones para renovar su régimen franco: impone un incremento desproporcionado del canon y ajustes anuales que hacen inviable cualquier cierre financiero.
Es como si una familia que arrienda una casa por un millón de pesos recibiera un aumento súbito del 100 % tras ocho años. Si se concreta esta medida, se estaría castigando la formalidad, la inversión y la competitividad de toda la región.
Una decisión centralista, sin estudios técnicos serios, que pone en riesgo el tejido productivo del suroccidente colombiano.
Pero esto no es un hecho aislado. Hace apenas unas semanas, el propio ministro del Interior afirmó que “hay que pararle todo a la gobernadora del Valle” tras el hundimiento de la consulta popular.
¿El resultado? Al menos 22 billones de pesos en proyectos bloqueados y más de 49.000 empleos comprometidos. A esto se suma el desplante de la ministra de Transporte, quien dejó plantados a los congresistas del Valle y evitó responder por obras clave como Mulaló–Loboguerrero, el Aeropuerto del Suroccidente o la ampliación del canal de Buenaventura.
Todo sigue estancado por falta de voluntad política. Incluso, el paso del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a Aerocivil implicaría para Palmira una pérdida cercana a los 30 mil millones de pesos en ingresos.
Y cuando el presidente visita Cali, no llega con inversiones ni soluciones. Llega con discursos ideológicos, acusaciones infundadas y promesas vacías.
La ciudadanía se pregunta, con razón: ¿a qué viene?
En paralelo, sectores estratégicos como la agroindustria de la caña —que genera más de 286.000 empleos formales y lidera la transición energética con bioetanol— siguen siendo blanco de estigmatización.
Otro ejemplo es el caso del Muelle 13 en Buenaventura, donde el Gobierno revirtió arbitrariamente la prórroga de la concesión a Ventura Group, poniendo en riesgo más de 2.000 empleos y afectando la operación portuaria del Pacífico.
Sin diálogo ni estudios técnicos, se impuso una decisión centralista que afecta gravemente la confianza y la inversión en la región.
Y mientras tanto, las brechas sociales permanecen abiertas: casi el 27 % de la población del Valle está en pobreza, la informalidad laboral ronda el 50 % y Buenaventura continúa clamando por inversión social real.
Todo esto, a pesar de que muchos proyectos estaban incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, fruto de un proceso de concertación con actores regionales.
Pero el Gobierno no ha cumplido. Ni en obras, ni en salud, ni en educación, ni en seguridad.
El Valle no pide privilegios.
Exige respeto. Es una región que aporta al país, que construye futuro, y que no puede seguir siendo tratada como territorio enemigo por no compartir una ideología.
El caso Palmaseca debe ser la gota que rebase el vaso. Hoy más que nunca debemos levantar la voz: por las empresas, por los trabajadores, por Buenaventura y por toda la dignidad del Valle del Cauca.
Porque si al Valle le va bien, le va bien a Colombia.
El Valle no merece desprecio. Merece respeto, soluciones y presencia real del Estado.