El Valle del Cauca es la voz de las regiones para recuperar la seguridad en Colombia.
Por estos días, Colombia ha sido testigo de una de las manifestaciones de liderazgo territorial más contundentes de los últimos años.
Desde Santiago de Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, encabezó el Encuentro de Gobernadores y Alcaldes por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional, un espacio que logró reunir a mandatarios de todo el país en torno a una preocupación común: la creciente inseguridad que golpea las regiones y la urgente necesidad de redefinir la política de Paz Total.
El encuentro no fue un acto protocolario más. Fue la expresión del inconformismo de los territorios frente a una política nacional que, bajo el discurso de la paz, ha terminado generando vacíos de autoridad en amplias zonas del país.
Donde el Estado se ausenta, la ilegalidad avanza. Por eso, el liderazgo de Dilian Francisca Toro se hizo sentir con fuerza: convocó, articuló y logró sintetizar en un manifiesto de ocho puntos la voz unificada de las regiones que hoy exigen corresponsabilidad, acción y presencia efectiva del Gobierno Nacional.
El documento, titulado “Manifiesto por la Unidad Territorial y la Seguridad Regional”, plantea con claridad la necesidad de articular las políticas de seguridad nacional con las estrategias regionales, de aumentar el presupuesto para la Fuerza Pública y dar el respaldo político a su labor, de fortalecer la inteligencia y la tecnología militar y policial.
Los mandatarios no piden privilegios: reclaman coherencia, respeto institucional y herramientas reales para garantizar la vida y tranquilidad de sus ciudadanos.
El manifiesto también llama la atención sobre un tema estructural que el Gobierno ha descuidado: el control de los cultivos ilícitos y la expansión de economías ilegales que destruyen los ecosistemas y alimentan la violencia.
Casi la mitad de los cultivos de coca están hoy en zonas protegidas, una realidad que demuestra que la ausencia de autoridad no solo amenaza la seguridad, sino también el patrimonio ambiental del país.
Con tono firme, las regiones también advirtieron que la soberanía no se negocia, se ejerce. Por eso, pidieron la suspensión inmediata de los beneficios jurídicos y económicos a grupos armados activos, porque no puede haber paz con impunidad ni diálogo con quienes siguen delinquiendo.
Se trata de un reclamo legítimo que interpela directamente a un Gobierno que parece haber confundido el anhelo de paz con claudicación frente al crimen.
La gobernadora del Valle del Cauca ha sido enfática: Colombia necesita un Plan Nacional de Recuperación Institucional que devuelva al Estado su presencia integral en los territorios, y que garantice que las elecciones del 2026 se desarrollen en libertad y sin intimidación.
Este encuentro marcó un precedente y cumplió su propósito. Colocar en la agenda nacional la urgencia de una política de seguridad coherente e integral, las regiones, lideradas por el Valle del Cauca, están trazando una ruta clara: sin seguridad no hay desarrollo, sin autoridad no hay democracia y sin unidad territorial no hay capacidad de control. El llamado está hecho.
El país espera respuestas, no discursos, espera acciones concretas. Este es el punto de partida para retomar el rumbo por la seguridad regional.