El Viacrucis de Mulaló – Loboguerrero
A propósito del santo viacrucis que se reza esta semana de reflexión, es realmente un martirio lo que ha pasado con el proyecto de infraestructura de Mulaló – Loboguerrero.
Es normal que un proyecto de gran envergadura se demore, pues se tienen que cumplir unos hitos desde su ideación, estructuración, adjudicación, hasta su final ejecución, y más en un país como Colombia lleno de trámites.
Pero lo que ha pasado con este proyecto ya es más que absurdo.
Mulaló – Loboguerrero fue un proyecto concebido hace más de 20 años, todas las fuerzas vivas de la región lo impulsaron desde el inicio como una obra prioritaria para conectar a Buenaventura de forma eficiente y con menor impacto ambiental con el suroccidente colombiano, puesto que la actual vía por Mediacanoa implica mayor tránsito para el sur del Valle y los departamentos del Cauca y Nariño, mientras que con esta vía se podrían ahorrar 50 km de trayecto hacia Buenaventura.
Es decir, contrariando el normal centralismo que solo buscaba que Bogotá se conectara de forma eficiente con todos los puntos estratégicos del país, esto proyecto busca conectar la región con su puerto natural, y con esto fortalecer sus capacidades productivas y turísticas.
Gracias al empuje de muchos actores, se logró que quedara incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 del segundo gobierno de Álvaro Uribe, en lo que se denominó Programa de Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad. Luego de muchas vicisitudes y en contravía de muchos intereses puesto que no quedó priorizado en la primera etapa de estructuraciones, se logró que se adelantaran los estudios necesarios para que se pudiera iniciar su proceso de adjudicación, en caso de que existieran los recursos.
Y fue así como en el primer gobierno de Juan Manuel Santos se ideó el programa de infraestructura más ambicioso hasta la fecha en Colombia, denominado Programa 4G, porque también implicaba el inicio de la cuarta generación del modelo de concesiones, que incluía una serie de mejoras y convertía al INCO en la ANI.
Otra vez la región salió a defender el proyecto y se logró que quedara incluido en este programa junto con otros 28, incluso quedó dentro las llamadas victorias tempranas, dado su nivel avanzado de estructuración que permitiría que iniciara rápidamente su proceso de adjudicación.
En 2012 Mulaló – Loboguerrero finalmente logró quedar como el único proyecto del Valle en el Programa 4G y finalmente fue licitado en 2015.
Se convirtió en la única obra en el país que reduciría la distancia de un trayecto en 50 km, puesto que ni siquiera el Túnel de La Línea lo hizo, al reducir solo 21 km.
Pero, irónicamente, hoy después de 8 años continúa en etapa de preconstrución, y penosamente es el único del programa de 29 proyectos en el país que no ha iniciado su construcción, cuando las obras debieron haberse entregado hace dos años.
En un principio, las demoras se derivaron de temas sociales y ambientales: las ambientales se dieron porque dada la fecha en que iniciaron los estudios de este proyecto, la solicitud de licencia ambiental se debió tramitar bajo una normatividad antigua que no contemplaba plazos de tiempo para su respuesta, lo cual hizo que se alargara el proceso, dentro de una complejo entramado de situaciones que dan para una columna completa, situación fundada por preocupaciones válidas de la comunidad, pero que no se supieron manejar y sustentar con los estudios que se contaban, y también hay que decir que algunos actores en nuestra misma región hicieron que el proceso se retrasara aún más, y así se pasaron los dos gobiernos de Juan Manuel Santos.
Ya en el gobierno de Iván Duque, fruto de un trabajo entre el Gobierno Nacional, el Bloque Parlamentario, la Gobernación del Valle del Cauca, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil, se logró subsanar el tema ambiental y en agosto del 2021 se logró culminar el proceso de licenciamiento ambiental, y con esto, dar garantías de la debida protección de los ecosistemas de la zona de injerencia, e incluso hoy la misma comunidad de la zona con quienes el concesionario acordó compromisos de inversión en materia social, ambiental y productiva, reclaman el desarrollo urgente del proyecto.
Desde ese mismo año el concesionario instauró demanda ante el Tribunal de Arbitramiento, pero como alternativa a la terminación anticipada del contrato el organismo de control recomendó que se llegue a un acuerdo en el que haya un ajuste al equilibrio económico del contrato derivado del incremento en el precio de los insumos para el desarrollo del proyecto y las nuevas condiciones para el inicio de obra.
Lo anterior, teniendo en cuenta el retraso de ocho años en el inicio de la obra, implica un pago al concesionario de $415.000 millones, suma que fue validada por un peritaje técnico y financiero externo, que esgrime los resultados de la evaluación realizada en materia de ajuste a los precios que implican la obra y suma que es inferior a aquella que deberá desembolsar el Estado en un escenario de terminación anticipada, que se estima en más de $684.000 millones.
Vemos con preocupación que ha pasado un año del gobierno anterior y medio año del gobierno actual de Gustavo Petro y no se ha podido llegar a un acuerdo que permita viabilizar el inicio de la fase de construcción.