Entre rejas
Una de las razones de ser de los congresos es ejercer control sobre la gestión del Gobierno. Semanalmente hay citaciones y debates de control político, pero su efectividad no deja de preocuparme porque además de que los ejercicios de fiscalización se repiten, no pasa nada más y la problemática perdura. Un ejemplo de ello ha sido el recurrente debate para analizar la situación penitenciaria y carcelaria.
El primer debate que se hizo fue el 5 de mayo de 1998 y a la fecha la situación no ha mejorado. Se debe pasar del debate a la acción.
La situación es siempre la misma: el hacinamiento, las enfermedades y la deficiente atención primaria de salud a los presos no sólo se mantienen, sino que se agravan. La delincuencia en las cárceles aumenta y de igual manera la necesidad de reestructurar el Inpec y acabar con la corrupción. La función resocializadora no existe, parece función “criminalizadora”.
Entre enero de 2014 y marzo de 2016 el índice de hacinamiento de la población privada de la libertad en los 136 establecimientos de reclusión pasó de 52,9 % a 53,9%, y en lo que va corrido de 2016 el promedio es de 55,5%.
Es momento de trazar políticas claras que ofrezcan una solución pronta y eficaz, empezando por la política criminal y la cárcel como última ratio.
Necesitamos que a nuestros presos se les garanticen condiciones dignas de reclusión, que se invierta en la infraestructura de las cárceles, que se promueva la profesionalización de los guardas y que se procuren para ellos mejores salarios. Las cárceles no pueden convertirse en el vehículo de la impunidad y de violación sistemática de los derechos humanos.