Entre revocatorias y gobernabilidad
El sistema político colombiano tiene múltiples herramientas dispuestas para la participación ciudadana, el voto popular, el plebiscito, el referendo, entre otras. Una de estas herramientas se formalizó en nuestro país como un elemento que brinde “garantías” para el buen desarrollo de un gobierno desde el poder ejecutivo, siendo la revocatoria de mandato una acción legitima para ejercer control sobre el actuar de un gobernador o un alcalde, encontrándose inmersa en nuestro sistema, a partir de la Constitución del 91 y amparada en la Ley 134 de 1994.
En otras palabras, la revocatoria del mandato se creó como un mecanismo de defensa de la esencia de la democracia colombiana: el voto programático. Por lo menos así reza la teoría y el papel.
Una solicitud de revocatoria se puede solicitar únicamente en procesos que atañen a gobernadores y alcaldes (no para el Presidente de la República), siempre y cuando haya transcurrido por lo menos un año de su periodo de gobierno y se debe acudir para su formalización a la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Por estos días, esta figura ha estado nuevamente muy en boga de los hechos noticiosos a nivel nacional, ya que por diferentes razones y motivaciones se han estado agitando las “banderas” revocatorias en algunas de las principales ciudades de nuestro país, siendo el caso más emblemático hasta el momento, el del alcalde Daniel Quintero de Medellín.
Es llamativa esta situación en mención, porque en las diferentes manifestaciones de personas visibles de esta ciudad y en diversos medios de comunicación, se expresa que esta medida la quieren adoptar por la defensa de lo público y de los recursos de todos los medellinenses, sin embargo, surgen dos preguntas que saltan a la vista ¿por qué estos sectores promotores no salieron a agitar las banderas de la defensa de lo público con las administraciones anteriores tanto a nivel departamental como municipal, donde todo parece indicar que hubo graves y costosas irregularidades derivadas de polémicas decisiones administrativas? O ¿será que en este momento el comité promotor “Medellín cuenta conmigo” es motivado por razones de mayor calado respecto a varios lustros de decisiones erráticas de las administraciones anteriores?
Sólo el tiempo lo dirá.
Pero no solo en ciudades de gran tamaño como Medellín se están adelantando estos procesos, también en ciudades intermedias y de otros departamentos se están movilizando, por lo menos mediáticamente, grupos en pro de adelantar el mecanismo.
En Tuluá, por ejemplo, se está atizando el ambiente por parte de algunos sectores de la oposición de la administración municipal actual, sin embargo, aún no está claro si sólo se tratan de acciones mediáticas o si realmente los promotores de esta idea tendrán la fortaleza logística y la decisión política suficiente para seguir adelante con este proceso.
Por su parte el escenario nacional tampoco se queda por fuera de este “boom” revocatorio, incluso en este contexto donde no existe la figura, el senador Roy Barreras, ha “puesto sobre la mesa” la posibilidad de adelantar un referendo que permita revocar el mandato del Presidente de la República, inscribiendo ante la Registraduría el comité promotor del referendo.
Es claro que este llamado lleva nombre propio, Iván Duque Márquez, sin embargo, por los tiempos que conlleva el proceso, es muy difícil que se lleve a cabalidad esta “odisea” política, la cual según manifiesta el senador, busca defender a las Cortes, a la JEP y al Acuerdo de Paz firmado con las FARC, pacto que hay que recordar, no son responsabilidad de un gobierno en particular sino del Estado colombiano, tal como el mismo Presidente Iván Duque ha manifestado ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
Claro, en ocasiones y en el caso en particular de Colombia, durante los últimos dos años una cosa es lo que se manifiesta en escenarios internacionales y otra que parece diametralmente distinta es lo que se ejecuta en la realidad política nacional.
En fin, el mecanismo de revocatoria de mandato son una potente herramienta para defender el voto programático, sin embargo, vemos como especialmente en las realidades locales, se ha ido desdibujando poco a poco, mutando a herramientas políticas que buscan erosionar la gobernabilidad de los mandatarios a partir de acciones que por lo general, son adelantadas por grupos que ven como de una u otra manera sus intereses particulares o políticos se ven afectados por decisiones de las administraciones elegidas durante el proceso ordinario, lo cual no excluye en ningún momento, que estas iniciativas sean legítimas jurídicamente hablando y en algunos casos también podrían serlo políticamente, pero no podemos esconder la realidad que en ocasiones prima el interés particular sobre el colectivo.