¡Es la competencia!
En términos jurídicos la competencia se entiende como “un limitado poder legal atribuido a un órgano del estado para actuar, decidir o ejecutar en un poder constitucional”, y en términos cotidianos se refiere a una rivalidad; ambas se pueden perder.
Es un hecho jurídico incontrovertible que el Presidente de Colombia no tiene competencia para cambiar nuestra Constitución. Fue por esto que, con el pretexto de aprobar un supuesto acuerdo de paz, el 2 de octubre del 2016 el señor Santos nos pidió le concediéramos mandato para modificar nuestra Constitución incorporando a la misma lo pactado con las farc en Cuba.
Y aunque 6.5 millones de ilusionados compatriotas votaron a favor de concederle este mandato al Presidente, en otro hecho jurídico contundente, además de político, histórico e inocultable, finalmente 31.5 millones de escépticos y justificadamente desconfiados ciudadanos no se lo concedimos.
Es decir que desde el punto de vista jurídico, legal y moral, como nación no estamos obligados a cumplir ni a honrar ni mucho menos a pagar esa excreción que en el plebiscito desechamos, por acción 6,55 millones de colombianos y por desprecio otros 25 millones.
Entérense, por favor, señores simpatizantes de la causa fariana, que lo ilegal no ata, y dado que es innegable que los colombianos no aprobamos lo redactado en la Habana, ni mucho menos autorizamos lo firmado en el teatro Colón de Bogotá, los únicos obligados a cumplir lo pactado son Santos, su vergonzosa unidad naciona y esos narcoterroristas de las farc… ¡Es un asunto de competencia, mensos, tanto la que no tienen en lo jurídico, así como la que perdieron en las urnas!