Espada con doble filo
El pasado 27 de octubre asistí a un almuerzo concertado por la Gobernación del Valle con el fin de verificar en contexto las razones misionales y contables por las que se encaminó al HUV al proceso legal de quiebra a través de la ley 550.
De esa sinopsis surgió un hecho destacable por su efecto devastador para la generalidad de las prestaciones médicas y hospitalarias en Colombia, el cual amerita profunda reflexión.
Se trata de la revelación de la abultada cartera contraída por las EPS con la red hospitalaria del valle, la cual tiene un valor de $172 mil millones.
Asombrosamente las EPS creadas por los artículos 177 a 185 de la ley 100 a parte de postergar la atención a los pacientes con enfermedades catastróficas o de espaciar la aplicación de exámenes y tratamientos a la mayoría de sus afiliados, también son coadyuvadores de la crisis hospitalaria estatal.
Desde los pacientes oncológicos hasta la Gobernadora de la región deben recurrir a estratagemas y reclamos para que simplemente se cumpla la ley y el servicio médico y hospitalario funcione.
A esto aunemos las penosas trabas al personal médico y de laboratorio, quienes tienen que ingeniárselas en algunas EPS para poder realizar las pruebas clínicas y los diagnósticos a tiempo.
Nuestro pomposo ministro Gaviria intentó sin éxito una reforma cosmética al funcionamiento de las prestadoras de salud. Aun así subsisten los problemas y excesos que llegan hasta a impedir la radicación de facturas en algunos casos.
¿A cuál extremo deberemos acudir para que finalice el calvario en salud?