Garantizar la vida de líderes sociales
La situación de los líderes sociales es cada vez más crítica. Las medidas anunciadas de forma reiterada no han sido efectivas para garantizar la integridad de quienes defienden causas que benefician a las comunidades.
El Estado no puede ser espectador de una masacre sistemática y selectiva. Los líderes sociales se convierten en un obstáculo de las estructuras criminales porque interfieren en sus negocios ilícitos. Datos de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos revelan que desde enero de 2016 hasta abril de 2020 asesinaron a 389 líderes.
De los hechos registrados por Naciones Unidas 371 están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en once tiene competencia la Justicia Especial Indígena y seis están en la Justicia Penal Militar.
Las autoridades del orden nacional, departamental y local deben adoptar esquemas de seguridad y los organismos de control tienen que asumir su función de garantes del derecho a la vida y la integridad, allí tiene una tarea importante el Ministerio Público.
Las investigaciones penales ya están dando resultados. La Fiscalía adoptó medidas como el fortalecimiento de la Unidad Especial de Investigación para estos asuntos y la designación de fiscales territoriales en zonas de mayor ocurrencia de los hechos, avanzando en el 54% de los casos con 55 sentencias, 80 en etapa de juicio y 48 en indagación con orden de captura.
Además de judicializar a quienes cometen los homicidios, hay que perseguir a los que dan la orden de disparar, siguiendo las pistas de los motivos de estos asesinatos y de aquellos que se benefician sacando del camino a las personas que lideran a las comunidades con causas sociales.