Irregularidades en elecciones territoriales
El año 2020 inició nutrido de controversias y acusaciones por supuestas irregularidades en la elección de cargos de servidores públicos. En esta oportunidad los debates están dirigidos a las elecciones de personeros y contralores de todo el país. Para el caso de los personeros, las corporaciones territoriales encargadas de dicho proceso pueden apoyarse en instituciones educativas para que lleven a cabo el trámite de evaluación de los candidatos.
Los problemas surgieron desde el momento de la designación de las entidades de educación superior cuestionadas por no ser idóneas ni transparentes para cumplir con este procedimiento. Este proceso ha sido objeto de regulaciones normativas, sin embargo no se están cumpliendo a cabalidad.
Para la evaluación de aspirantes a personeros de La Guajira se suscribieron contratos con una firma especializada en la prestación de servicios de aseo. También se han presentado irregularidades en Boyacá, Meta, Bolívar, Antioquia, Caquetá, Santander, Tolima, Quindío, Magdalena y Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, se suspendió el proceso mientras se determina si la fundación universitaria encargada de las evaluaciones tiene la facultad para ejecutar convenios para designar personal.
En las contralorías territoriales existe una reglamentación clara, luego de que el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, estableciera los parámetros de selección. Las firmas consultoras que sean escogidas para apoyar esa tarea deben acreditar la idoneidad que se requiere en la elección de cargos que son vitales para la vigilancia de la ejecución presupuestal de las regiones.
La ausencia de control por parte de las personerías y contralorías facilita la corrupción, de ahí la importancia de que la selección de los nuevos funcionarios se haga con la supervisión de las autoridades competentes y a la luz de la opinión pública.